Este viernes 21 de mayo, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) informó que reorientará la asistencia que actualmente brinda a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública y en su lugar la dará a grupos de la sociedad civil, esto como respuesta a los hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó e impuso a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y asimismo cuando destituyó al exfiscal general Raúl Melara.
“USAID tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, y preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas. En respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública”, detallaron en comunicado.
Por otro lado, detallaron que esta ayuda estará orientada a “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”.
Finalmente, USAID recordó que el respeto hacia un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia.
“Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica”.
Esta información surge al final de la misma semana en donde el comité de asuntos exteriores del congreso de Estados Unidos emitió una resolución en la que condena la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República, instando al gobierno salvadoreño a que respete la separación de poderes.
En la misma resolución, el comité de asuntos exteriores del congreso norteamericano hizo un recuento de los hechos con los que el presidente Bukele ha violado la separación de poderes en El Salvador, como los ataques al Tribunal Supremo Electoral, las denuncias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del comité de protección de periodistas, además, la intimidación a los magistrados depuestos por parte de la policía y el borrar la resolución que decretaba inconstitucional las decisiones de la Asamblea oficialista, entre otros hechos, que han sido frecuentemente señalados por miembros de la sociedad civil y organismos internacionales.
