Desde principio de junio, la Justicia de Nicaragua comenzó una cacería sobre dirigentes opositores. Ya fueron arrestados 32, muchos de ellos de noche, y sus casas allanadas sin orden judicial. Ocho de ellos tenían aspiraciones de competir en las elecciones de este 7 de noviembre. Los cargos del régimen en su contra insisten en conceptos difusos como “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
Lo cierto es que tras 14 años consecutivos en el poder, un debilitado Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, y como las encuestas muestran que su popularidad está por el suelo, decidió amañar el proceso electoral con todo tipo de trampas, excluir a los observadores internacionales y por último directamente arrestar y excluir de los comicios a cualquiera que puediese estorbarle el camino.
La razia comenzó el 2 junio, cuando la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Cristiana Chamorro y luego su arresto domiciliario. Cristiana es la hija de la ex presidente Violeta Barros de Chamorro, dirigía la fundación que lleva el nombre de su madre y los sondeos la mostraban como la dirigente con mejor imagen para derrotar al sandinismo.
Los agentes policiales irrumpieron violentamente en la residencia de Chamorro, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la capital, y se llevaron parte de sus pertenencias y papeles de trabajo.
