Nicaragua se ha convertido en el país con mayores obstáculos para el ejercicio periodístico en Centroamérica, advirtió Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP), durante un encuentro realizado en Tegucigalpa.
Ella enfatizó el alcance del deterioro: “El caso más crítico es el de Nicaragua, donde tenemos una dictadura desde la crisis política de 2018, más de 200 periodistas exiliados solo en Costa Rica, muchos han perdido hasta su nacionalidad y quienes permanecen trabajando en el país siguen criminalizados y perseguidos”.
La gravedad de la represión relatada se refleja en el colapso de las condiciones mínimas para ejercer la profesión y en el surgimiento de patrones de criminalización y asfixia institucional orientados a erradicar toda voz informativa independiente.
Según mencionó la agencia EFE, esta ofensiva, advirtió la dirigente, ha llevado a la consolidación de una estructura en la que el control de la información es absoluto y la pluralidad ha sido eliminada.
Diversos datos y hechos respaldan el diagnóstico de Cárcamo sobre la hostilidad extrema que enfrentan los periodistas desde el inicio de la gran crisis política en abril de 2018.
El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) reportó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por órdenes directas del régimen de Daniel Ortega, lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente nicaragüense.
A la vez, el Colectivo Nunca Más identificó el exilio forzado de 253 periodistas en apenas seis años, cifra que sigue creciendo con la salida reciente de decenas de profesionales. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), en ocho de los quince departamentos del país ya no hay periodismo independiente: esto ha transformado regiones enteras en verdaderos desiertos informativos, donde la ciudadanía queda sin acceso a voces críticas ni a una cobertura plural.
Muchos de ellos se ven obligados a buscar empleos adicionales fuera del sector comunicacional para poder cubrir sus gastos, ya que el costo de vida en los países de acogida resulta considerablemente más alto.
Sin embargo, la represión no se limita al cierre o confiscación de medios. El régimen ha recurrido a leyes ambiguas y sanciones judiciales, administrativas y policiales con el fin de criminalizar la labor informativa.
Un caso paradigmático es el del periodista Víctor Ticay, condenado a ocho años de cárcel por “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”.
