Nuevamente una tragedia envuelve al Ecuador, Aina Yambia, una nena de dos años que desapareció el 21 de febrero, y por quien se desplegó una intensa búsqueda a escala nacional, fue hallada muerta.
Su cuerpo fue descubierto enterrado en su hogar familiar en la ciudadela 6 de Enero, ubicada en Taisha, en Morona Santiago en la Amazonía ecuatoriana.
La Fiscalía informó que el cuerpo estaba escondido en la propiedad, lo que resultó en el arresto de la madre de Aina, Génesis Delia K. Durante la audiencia para presentación formal de cargos, un juez del cantón Taisha ordenó prisión preventiva para la madre, quien enfrenta acusaciones por estar implicada en la desaparición involuntaria que resultó en la muerte de su propia hija.
Según lo que contó la madre, el 20 de febrero de 2024 dejó a Aina dentro de la casa mientras realizaba las labores domésticas en el jardín. Al volver, se dio cuenta de que su hija ya no estaba en la propiedad. Los padres informaron sobre la desaparición al día siguiente en la Fiscalía.
El sábado 24 de febrero, durante una búsqueda en los alrededores de la vivienda, un perro adiestrado llamado Zeus descubrió el cuerpo enterrado de la niña a un metro debajo de la casa. La autopsia determinó que Aina falleció debido a un traumatismo craneoencefálico, recogió Primicias.
El trágico desenlace ha generado gran consternación entre los ciudadanos. Además, el asesinato de Aina se suma a otros crímenes similares conocidos en el último mes como los casos Génesis y Briana Campo y Dana Ramos; niñas que también perdieron sus vidas presuntamente a manos personas allegadas o familiares.
Estos acontecimientos han causado gran preocupación y han resaltado la urgencia por abordar el problema de violencia contra niños en Ecuador. En el país, uno de cada dos niños entre 0 y 5 años son víctimas de violencia física, psicológica o sexual en sus hogares, según la UNICEF.
Un reciente estudio de ChildFund, Kindernothilfe KNH y World Vision sobre la situación de la niñez en Ecuador indicó que 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes comprendidos entre 5 y 9 años, consideran que el lugar donde viven es seguro. En el grupo de 8 a 9 años se registra un 85%. El 10,3% de niños y niñas de 8 y 9 años percibe inseguridad en su lugar de residencia y un 4,4% se siente inseguro en su hogar.
Las estimaciones del Ministerio del Interior ecuatoriano sobre los asesinatos a niños, niñas y adolescentes en Ecuador son alarmantes. Según la cartera de Estado, durante 2023, 770 menores de edad fueron víctimas de homicidios. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) registra un aumento drástico del 640% con respecto a los 104 casos en 2019 y asegura que la “violencia armada continúa impactando severamente las vidas de niños, niñas y jóvenes en Ecuador”.
Garry Conille, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, ha advertido no solo sobre el aumento de los asesinatos sino sobre los casos de reclutación forzada: “En los últimos meses, las muertes de niños, niñas y adolescentes han aumentado drásticamente debido a un incremento del crimen en varias partes de Ecuador. También se reporta un aumento en el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos armados, y las instalaciones médicas y las escuelas están bajo asedio”.
“La interrupción de servicios básicos en áreas controladas por grupos armados no sólo pone a más niños en riesgo de ser reclutados, sino que también corta el acceso a la salud, educación y protección para otros cientos de miles”, agregó Conille.
UNICEF, en un comunicado oficial, pidió “a todas las partes a garantizar que los niños, niñas y adolescentes de Ecuador estén protegidos de la violencia armada en todo momento y recuperen el acceso a servicios sociales básicos como salud, protección y educación”.
La organización también advirtió sobre la falta de acceso a la educación producto de la violencia que vive el país: “Además de la situación de la niñez, preocupa el creciente número de personal médico, maestros y directores de escuelas amenazados, extorsionados y asesinados por grupos armados. Con el empeoramiento de la situación de seguridad, el cierre temporal de escuelas en todo el país ha privado a más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes de servicios educativos adecuados”.
