Un importante abogado británico de derechos humanos ha solicitado a un tribunal independiente en Londres que investigue si los supuestos abusos del gobierno chino contra los derechos de musulmanes uigures en la remota región occidental de Xinjiang suponen genocidio o crímenes contra la humanidad.
Se esperaba que el tribunal revelara nuevas pruebas y declaraciones durante varios días de vistas el año que viene. Aunque el tribunal no tenía el respaldo de un gobierno, era un nuevo intento de pedir cuentas a China por su trato a los uigures y minorías étnicas turcas, sometidas a una campaña de represión sin precedentes desde 2017.
El Congreso Uigur Mundial pidió al abogado Geoffrey Nice, que dirigió el caso para procesar al ex presidente serbio Slobodan Milosevic por las guerras de los Balcanes y trabajó con la Corte Penal Internacional, que investigara “las atrocidades y el posible genocidio que se están produciendo” contra el pueblo uigur.
Las acusaciones contra China por posible genocidio son “preguntas que deben hacerse y responderse”, afirmó Nice el miércoles en declaraciones a The Associated Press, señalando que esas acusaciones nunca se han revisado en un proceso legal público.
Los organizadores del proceso estaban en la fase inicial de recogida de pruebas y durante los próximos meses esperaban recibir considerables testimonios de uigures exiliados en el extranjero. Podrían aparecer nuevas pruebas, como declaraciones de varios ex guardas que trabajaron en campos de detención en Xinjiang.
“En este momento, las pruebas más sólidas parecen las pruebas de encarcelamiento y posibles pruebas de esterilización forzosa”, dijo Nice.
Una investigación reciente de AP concluyó que el gobierno chino impone de forma sistemática medidas de control de natalidad sobre uigures y otros musulmanes, en un aparente esfuerzo de reducir su población. El reporte determinó que las autoridades someten a las mujeres de minorías a pruebas rutinarias de embarazo e imponen el uso de dispositivos intrauterinos, esterilizaciones y abortos a cientos de miles de mujeres. Aunque decenas de personas han sido recluidas en campos de detención por “extremismo religioso”, muchos otros fueron internados simplemente por tener demasiados hijos.
Podría determinarse que esas prácticas de esterilización forzosa incumplen la Convención sobre el Genocicio, dijo Nice.
La embajada china en Londres no respondió a un comunicado enviado por correo electrónico pidiendo comentarios. Las autoridades chinas han rechazado de forma reiterada las acusaciones de abusos en Xinjiang, tachándolas de invenciones, e insisten en que todas las etnias reciben el mismo trato.
China sospecha desde hace tiempo que los uigures, en su mayoría musulmanes, albergan tendencias separatistas debido a sus diferencias culturales, idiomáticas y religiosas. En una larga conferencia de prensa en agosto, el embajador chino ante Gran Bretaña reprodujo videos explícitos de ataques terroristas en Xinjiang para mostrar que las medidas del gobierno chino son “necesarias e importantes”.
El embajador, Liu Xiaoming, también describió las acusaciones sobre abusos en Xinjiang recogidas en medios occidentales como las “mentiras del siglo” y negó que casi un millón de uigures hubiera sido detenido en Xinjiang.
La decisión del tribunal londinense no es vinculante para ningún gobierno. Sin embargo, Nice señaló que de todos modos el proceso sería una forma de señalar la falta de acción para combatir los supuestos abusos al “llenar el vacío con información fiable”.
“No hay otra forma de juzgar, de forma colectiva o individual, a la cúpula del Partido Comunista (chino)”, dijo Nice.
Abogados de activistas uigures en el exilio presentaron en julio una denuncia contra China ante la Corte Penal Internacional, pidiendo a la corte en La Haya, Holanda, que investigara la repatriación forzosa de miles de uigures de Camboya y Tayikistán y el supuesto genocidio en Xinjiang.
Sin embargo, Beijing no reconoce la jurisdicción del tribunal internacional, y Nice -que no participa en ese caso- dijo que probablemente se centrará más en la responsabilidad de los país de repatriación y menos en las autoridades chinas.
El Congreso Mundial Uigur, una organización internacional que representa a los exiliados uigures, ha proporcionado pruebas preliminares y financiamiento al tribunal en Londres. Los impulsores del caso esperaban celebrar dos vistas públicas en Londres el año pasado, de varios días cada una.
El tribunal tendrá al menos siete miembros, que actuarán como jurado. Se espera un veredicto para finales de 2021.
