El Gobierno de Estados Unidos prevé adjudicar un contrato de hasta 150 millones de dólares para la representación legal de menores migrantes a un pequeño bufete de Texas especializado en derecho ambiental y regulatorio, que cuenta con solo dos abogados dedicados a casos de inmigración.
El contrato, que entraría en vigor el 15 de agosto con una duración de un año, sustituirá al que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) mantenía con Acacia Center for Justice, una red de organizaciones sin ánimo de lucro cuyo acuerdo no se renovó.
Burke Law Group, con sede en Houston, tiene 26 personas en plantilla y, según su página web, solo dos de ellas ejercen el derecho migratorio, además de otras áreas.
Los vínculos del bufete con el Gobierno Trump
El bufete acumula vínculos con la Administración. Su presidenta, Marcella Burke, ocupó cargos durante el primer mandato de Trump como subconsejera general de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y subprocuradora para Energía y Recursos Naturales del Departamento del Interior.
Uno de sus cofundadores, Jeffrey Hall, dirige hoy la oficina de sanciones ambientales de esa misma agencia, tras ser confirmado por el Senado en diciembre. Y la asesora sénior Anne Idsal Austin, que también sirvió en la EPA durante el primer Gobierno de Trump, encabezó después el equipo de transición de la agencia para el segundo, según el portal E&E News.
La elección de la firma provocó el rechazo de las organizaciones que integran la red Acacia y que durante años se han encargado de apoyar y representar legalmente a los menores migrantes no acompañados, como se conoce a los niños que entraron solos a EE.UU., bajo custodia del Gobierno.
La Administración intentó rescindir el contrato con Acacia antes de su vencimiento y, según denuncian los responsables de varias de estas organizaciones, lleva meses sin desembolsar los fondos federales comprometidos.
