El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició este martes una investigación especial en el Poder Judicial sobre la ejecución de embargos judiciales contra la Cuenta Única del Estado, depositada en el Banco Central de Honduras (BCH).
Según el ente, estos embargos han afectado la operatividad de varias municipalidades del país y otras instituciones estatales.
La investigación comenzó con el desplazamiento de una comisión auditora que entregó una credencial oficial a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, notificándole el inicio de las diligencias.
En el documento se solicita la colaboración de esa institución para proporcionar información, sistemas electrónicos, documentos, comprobantes y cualquier otro dato necesario para el desarrollo del proceso.
El TSC detalló que también se citará a funcionarios judiciales, especialmente de sedes jurisdiccionales en Choluteca y Olancho, con el objetivo de verificar si los embargos se ejecutaron conforme al artículo 313 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República 2025, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año.
El informe final incluirá hallazgos, conclusiones y posibles responsabilidades de carácter civil, penal o administrativo.
INFORMAMOS ANTES:
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó al Poder Judicial sobre el arranque de la investigación de demandas laborales y embargos que afectan a diferentes entidades del Estado.
La medida busca que el órgano judicial tenga conocimiento y pueda dar seguimiento a los casos en los que se señalan posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El traslado incluye la documentación recopilada por los auditores del TSC, quienes solicitaron al Poder Judicial acceso a expedientes y registros necesarios para que se pueda evaluar correctamente el cumplimiento de obligaciones financieras y la legalidad de los embargos ejecutados.
Con esta acción, se pretende garantizar transparencia y coordinación entre las instituciones, además de sentar las bases para posibles medidas correctivas o acciones legales si se detectan irregularidades en el pago de demandas y la administración de fondos estatales.
