El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acordó este lunes solicitar medida privativa de libertad contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y dos funcionarias de su gobierno, por petición del Ministerio Público (MP) venezolano.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la semana pasada que, sobre la base del derecho internacional, fue abierta una investigación penal contra Milei; la secretaria general de la presidencia de Argentina, Karina Milei, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, por la comisión de supuestos crímenes de lesa humanidad y por el “robo” de un avión propiedad del Estado venezolano.
El anuncio ocurrió luego de que el gobierno argentino pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) arrestar al presidente Nicolás Maduro.
Un avión del Estado venezolano que fue retenido en Argentina durante el gobierno del exmandatario Alberto Fernández, y que la justicia estadounidense incautó por presuntamente haber violado “sanciones y leyes de exportaciones” y mantener vínculos con el terrorismo fue trasladado a inicios de este año a Estados Unidos, donde fue inutilizado.
El Boeing 747, siglas YV3531, operado por la compañía venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, que anteriormente era propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air, estuvo inmovilizado en Argentina desde junio de 2022. Su tripulación, integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes, fueron momentáneamente detenidos, sometidos a una investigación y posteriormente liberados.
La fiscalía venezolana investiga a los tres funcionarios argentinos por la presunta comisión de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
La semana pasada, víctimas venezolanas, representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía de ese país, solicitaron que se ordene el arresto de Maduro y otros funcionarios de su gobierno, en medio de una causa abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano sobre la base del principio de la jurisdicción universal de los DDHH.
