El exdirector de la Tasa de Seguridad, Roberto Cosenza, se defenderá en libertad tras pagar la fianza de un millón de dólares en Florida, Estados Unidos.
“Decidida y adjudicada se concede la moción”, señala la determinación emitida en las últimas horas por el juez estadounidense Jonathan Goodman.
A inicios de semana, Cosenza presentó una fianza de garantía personal de un millón de dólares (24.7 millones de lempiras), que fue conjuntamente firmada con su primo Rolando Santiago y aceptada por los tribunales lo que le permitirá defenderse en libertad durante el proceso.
El juez Goodman estableció una serie de condiciones para admitir la caución; informar al Sistema de Libertada Condicional de Estados Unidos, entregar todos los pasaportes y documentos de viaje al Sistema de Libertad Condicional y no obtener ningún documento de viaje mientras el caso esté pendiente; y viajes restringidos entre el Distrito Medio de Florida y el Distrito Sur de Florida.
Cosenza vivirá en la ciudad de Tampa Bay donde radica uno de sus hijos.
Para presentar la fianza que le permitió salir de la cárcel, los abogados de Cosenza, argumentaron que él tiene problemas de salud que requieren atención.
En la solicitud de fianza figura como aval el abogado Rolando Santiago, un primo del exfuncionario, que puso como garantía cuatro propiedades situadas en la Florida.
Los cargos
Roberto Cosenza es acusado junto Carl Alan Zaglin, dueño de una empresa de fabricación de uniformes y Aldo Néstor Marchena, de cinco cargos de conformar una red para pagar y ocultar pagos de cohecho efectuados a funcionarios del gobierno de Honduras a fin de garantizar la obtención de contratos para suministrar uniformes a la Policía Nacional.
Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros acordaron sobornar a funcionarios del gobierno de Honduras, entre ellos Cosenza, a fin de garantizar contratos con la Tasa de Seguridad por un valor de más de 10 millones de dólares.
A cambio de los pagos de cohecho, Cosenza y otros funcionarios del gobierno de Honduras ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes para la Policía Nacional y asegurar el pago de los contratos.
Los señalados lavaron las ganancias por medio de cuentas bancarias y empresas testaferro en Estados Unidos y Belice. Los conspiradores enviaron más de 166,000 dólares estadounidenses a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño.
