La audiencia virtual en Estados Unidos de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, fue suspendida de momento por orden del juez Brian Cogan, luego de que algunas personas hablando español no atendieron a las reglas de silenciar sus teléfonos celulares y aparatos electrónicos, lo cual interfería con la señal que la corte intentaba establecer el acusado y su abogado defensor.
“Voy a pedir a los participantes mexicanos una vez más que silencien sus micrófonos, que lo pongan en silencio”, amenazaba Cogan quien decidió hacer esta audiencia pública para que gente incluso en México pudiera escucharla.
Este nuevo encuentro con Cogan, era tal vez una de las últimas posibilidades del ex funcionario para negociar con la fiscalía en vías de hallarse culpable de algunos de los cinco cargos que pesan en su acusación tras ser señalado de estar ligado al cártel de Sinaloa, del que presuntamente recibió millones de dólares a cambio de protección.
Debido a la pandemia por covid-19, la audiencia contra el exfuncionario se había reprogramado en al menos tres ocasiones ya que estaba prevista inicialmente para el 30 de mayo. Este retraso funcionó para que los fiscales fortalecieran el caso, agravando la situación de quien fue considerado como el “súper policía” de México.
El 30 de julio se ingresó una acusación de reemplazo en la que, además de incluir a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos de los más cercanos colaboradores del ex secretario de Seguridad Pública, sumaron un señalamiento más a éste: comandar una “empresa criminal continua” con cinco violaciones a la ley de narcóticos.
El ex secretario de Seguridad Pública fue detenido en diciembre del 2019 en Dallas, Texas, y luego trasladado al Centro de Detección Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra detenido.
Su audiencia de presentación fue con la juez Peggy Kuo, quien le informó de la acusación y los cargos en su contra. Posteriormente se presentó el 21 de enero ante Cogan, negando en esa ocasión haber recibido sobornos del crimen organizado.
El 27 de febrero hubo una nueva audiencia en la que la fiscalía nombró al caso como complejo y pidió al juez más tiempo para conseguir pruebas.
Su abogado defensor César De Castro pidió el beneficio de la libertad bajo fianza, que en las siguientes semanas le fue negado.
