La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), la Asociación de Organizaciones no gubernamentales (ASONOG), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en seguimiento a la fase final del proceso de selección de los quince (15) magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las redes de organizaciones miembros de sociedad civil y sector privado expresamos lo siguiente:
PRIMERO: Reconocemos el excelente trabajo efectuado por la Junta nominadora para la selección de 45 candidatas y candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyas actuaciones dieron como resultado un proceso para determinar el cumplimiento de los requisitos legales, la inexistencia de inhabilidades, la superación de pruebas psicométricas y de conocimiento, investigaciones patrimoniales, trayectoria profesional y personal de los postulantes resumido en una calificación porcentual.
SEGUNDO: Uno de los elementos más sustanciales de todo proceso de selección de magistrados y magistradas, en especial de quienes integran las más altas cortes de un país, es el perfil. Este perfil es una herramienta que permite evaluar un conjunto de capacidades y cualidades personales para asegurar que los postulantes, en caso de ser electos, sean capaces de responder de manera adecuada a las altas demandas de la justicia hondureña.
TERCERO: Exhortamos a los diputados a observar los estándares internacionales planteados en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Milán en 1985, donde deja claro los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura a la vez determinan que la integridad hace referencia al perfil de una persona de conducta intachable. El párrafo 3(a) del artículo 36 del Estatuto de Roma, exige que los candidatos tengan una “alta consideración moral, imparcialidad e integridad”. Respecto a la integridad, ésta ha sido definida como la conducta que el magistrado o juez debe mostrar para mejorar la confianza del ciudadano hacia el Poder Judicial, algo que en la actualidad carecemos.
CUARTO: La magistrada o magistrado debe ser independiente e imparcial, siendo esa la imagen que deben tener frente a la sociedad en general. Estos elementos no se limitan a los quince que sean elegidos y ejercerán sus funciones conforme a Derecho, sino que, también deberán demostrar no tener compromisos o vínculos políticos partidarios que puedan afectar sus decisiones en el ejercicio de sus funciones, que los obligue a apartarse de la ley para beneficiar a grupos de poder con fines oscuros.
QUINTO: Es imprescindible que ustedes evalúen con seriedad y que se nombre una CSJ que fortalezca el estado de derecho manteniendo la independencia de poderes tal y como lo exige nuestra constitución evitando el conflicto de intereses que nos lleve a una crisis política que como sociedad repudiaremos.
SEXTO: Si continúan bajo ese esquema de “posicionamiento partidario en la elección de CSJ” y no por meritocracia, la sociedad tendrá claro que la función de algunos magistrados y magistradas será de aprovechar sus puestos para intercambiar favores o beneficios con quienes conformaron concesos dentro del Congreso Nacional para que pudiesen ser electos situación que ya ha sido evidenciada en elecciones de CSJ anteriores.
SÉPTIMO: Recordarles a los diputados y diputadas que el pueblo les ha asignado la tarea para defender la democracia, que inicia desde el respeto al principio de la separación de poderes, bajo un sistema de pesos y contra pesos entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, donde cada uno tenga funciones específicas limitadas, a fin de evitar la concentración y el potencial abuso de poder.
OCTAVO: Los exhortamos a que desarrollen una votación razonada, basada en la meritocracia e idoneidad de cada perfil propuesto tomando y con ello garantizar la independencia judicial, el fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y reducción de la impunidad. Generando con su decisión la máxima legitimidad, transparencia y confianza, al evitar la penetración de actores cuyo único objetivo sea el de cumplir con compromisos políticos o con grupos que operan en la ilegalidad.
Desde este sector de sociedad civil y otros espacios nos mantendremos vigilantes del accionar de los diputados y diputadas del Congreso Nacional, a quien instamos a demostrar con sus decisiones su compromiso de respeto a la democracia y la paz social.
