Al menos 6 casos de violaciones a la libertad de prensa fueron perpetrados en contra de periodistas y uno contra un medio de comunicación en Nicaragua en noviembre pasado, de acuerdo con un informe divulgado por la red regional Voces del Sur.
En el informe, Voces del Sur denuncia que una periodista fue víctima de amenazas en redes sociales “en dos oportunidades”, y que “por cuarto mes consecutivo” otra informadora, identificada como Yahaciela Barrera, fue “víctima de agresiones y amenazas por su labor informativa independiente”.
La red regional destacó en un comunicado que igualmente logró documentar que 4 periodistas “se vieron obligados al exilio ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio y el peligro que implica”.
Entre los casos de periodistas en el exilio, el estudio de la red regional menciona el del delegado de la Agencia de noticias EFE en Nicaragua, Luis Felipe Palacios.
Palacios “narró que autoridades de Migración y Extranjería le impidieron el retorno a su país, después de haber realizado un viaje para participar de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la presencia de EFE en Centroamérica realizados en Panamá”.
El informe agrega que el periodista Palacios estuvo en Panamá y abordó un vuelo con escala en Miami, y fue en Estados Unidos donde la aerolínea Avianca le notificó que las autoridades nicaragüenses le habían negado el ingreso.
El documento da cuenta que “antimotines y policías ingresaron por la fuerza a las instalaciones de Radio Mi Voz, ubicada en León″, y que desde entonces está “fuera del aire”.
Además, el informe de Voces de Sur detalla que el Promotor de la Libertad de Prensa en el departamento de Carazo fue informado que 3 ciudadanos “fueron enjuiciados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
El reporte identifica a las personas acusadas como Sandra Del Carmen Acevedo Díaz y Allan Sebastián Bermúdez, originarios de Diriamba, que fueron remitidos a juicio; y Karla Patricia Vega, del municipio de El Rosario, quien se mantiene detenida “sin acceso a defensa y sin información para su familia”.
En el informe, titulado Prensa independiente de Nicaragua: entre miedo a la denuncia de agresiones y resistencia en el oficio, Voces del Sur expresa al Estado de Nicaragua “la necesidad de poner fin a la utilización de las leyes represivas en contra de sus disidentes”, y señala que hacer uso de las tecnologías de la comunicación e información “no es un delito, sino un derecho ciudadano”.
