Tres senadores brasileños presentaron este lunes una demanda ante la corte suprema para que se investigue si el presidente Jair Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación” al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna anticovid Covaxin.
Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria (CPI) que indaga en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.
“Hoy he registrado una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un gigantesco esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud”, afirmó Rodrigues en un video.
“La prevaricación es un crimen inscrito en el Código Penal. Por eso consideramos necesario que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Fiscalía General instauren un proceso de investigación”.
Esa denuncia tiene el potencial de provocar la destitución de Bolsonaro (si es aprobada por la Fiscalía y votada en la Cámara), aunque los analistas estiman poco probable que el Fiscal General, Augusto Aras, visto como un aliado de Bolsonaro, acepte formular cargos contra el mandatario de ultraderecha.
Entre las sospechas que saltaron a la luz la semana pasada figura la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, por la que se había firmado un contrato a precios más elevados que por cualquier otro inmunizante de los adquiridos hasta ahora por Brasil.
La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, quien transmitió sus dudas a su hermano, el diputado bolsonarista Luis Miranda.
Según los hermanos Miranda afirmaron ante la CPI el pasado viernes, Bolsonaro los recibió el 20 de marzo en su residencia en Brasilia y les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.
Bolsonaro habría dicho además a los hermanos Miranda, según el testimonio de estos, que el presunto operador de ese esquema podría ser el diputado Ricardo Barros, líder de la bancada progubernamental.
Bolsonaro negó este lunes cualquier irregularidad, asegurando que le resulta imposible saber “lo que ocurre en cada ministerio” y que confía en sus ministros.
“No tengo cómo saber lo que ocurre en los ministerios. Confío en mis ministros y no hemos hecho nada errado”, declaró ante simpatizantes.
Desde la llegada de la enfermedad a Brasil, criticó las medidas de aislamiento social y el uso de máscaras, dudó de la eficacia de las vacunas y promovió medicamentos sin eficacia comprobada contra el covid.
Rodrigues explicó en una entrevista con GloboNews que la gestión de este lunes fue realizada por los senadores a título individual, “para no reducir la importancia” que tendrá el informe final de la CPI, que podría acrecentar los cargos.
Ese informe “relatará varios crímenes. Ya tenemos elementos para [configurar] crímenes de charlatanería, crímenes en el área sanitaria”, aparte de los de prevaricación, “y puede haber elementos para [señalar] crímenes de corrupción pasiva y corrupción activa”, adelantó.
Las conclusiones de la CPI pueden dar lugar a otros pedidos de apertura de procesos por parte del STF.
Más de un centenar de demandas de destitución mediante un juicio político (impeachment) se acumulan además en la Cámara de Diputados, sin que hasta ahora su presidente, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, haya dado señales de autorizar alguno de ellos.
Pero Lira es aliado circunstancial, como líder de un grupo de partidos conservadores, denominados el ‘Centrao’ (gran centro), caracterizados por negociar apoyo a cambio de partidas presupuestarias y cargos oficiales.
Y ese apoyo, según analistas, puede cambiar si las próximas encuestas confirman que Bolsonaro sería derrotado por el expresidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva en los comicios de octubre de 2022.
“Lula se ha vuelto muy fuerte, la última encuesta le da casi un 50% de intenciones de voto. Y el campo de la derecha y el centro-derecha que hoy está con Bolsonaro empieza a actuar de modo más pragmático y tal vez entienda que es mejor apostar por un candidato más competitivo, con más posibilidades de derrotar a Lula”, dijo a la AFP el especialista en derecho público Michael Mohallem.
