Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Christopher Tersigni, el Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunciaron hoy que se han presentado cargos en el tribunal federal de Manhattan contra el ex alcalde hondureño Amilcar Alexander Ardon Soriano y, en una acusación adicional, Mario José Calix Hernández. Los cargos en cada acusación incluyen conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos está buscando las extradiciones de los acusados de Honduras y Guatemala.
El abogado de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Como se dijo, Amilcar Alexander Ardon Soriano y Mario José Calix Hernández conspiraron para importar cantidades masivas de cocaína a los EE. UU. Y usaron armas pesadas para proteger los envíos de drogas. Ardon Soriano supuestamente utilizó su posición como alcalde hondureño para facilitar su propio tráfico de drogas y para imponer un “impuesto” a otros traficantes, lo que genera millones de dólares en el proceso. Gracias a la DEA, ambos hombres ahora enfrentan cargos en EE.UU.
Desde al menos en o alrededor de 2004, hasta e incluyendo en o alrededor de 2016, varias organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y oficiales de la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cientos de cientos de kilogramos de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos algunos alcaldes y miembros del Congreso Nacional de Honduras.
