Tras la polémica toma de investidura del mandatario Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura; esto, luego de que ya reposaba una retribución de US 15 millones por el señor Moros, que ya había sido cobijado con cargos desde 2020 por presuntamente haber incurrido en narcoterrorismo y corrupción.
Y es que, según reposa en investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos y la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro estaría vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, así como a una presunta colaboración con estructuras criminales como el Cartel de Los Soles y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
De acuerdo con el informe de la justicia norteamericana, Maduro habría liderado el Cartel de Los Soles, una organización delictiva que habría operado durante más de dos décadas en asociación con las Farc, que llegó a posicionarse como una de las estructuras criminales más temidas en el territorio nacional.
Al parecer, dicha alianza habría facilitado el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de armamento militar. De hecho, tal como reposa en el siguiente documento, el fiscal federal Geoffrey S. Berman había señalado en 2020 que esta relación constituyó una “asociación de narcoterrorismo” que buscaba inundar el mercado estadounidense con drogas mientras enriquecía a sus miembros.
Es importante anotar, además, que el informe judicial enfatiza en que Nicolás Maduro, junto con otros altos funcionarios venezolanos como Diosdado Cabello, Hugo Armando Carvajal y Cliver Antonio Alcalá, habría participado en una conspiración para coordinar el transporte y distribución de cocaína.
Según el documento, esta operación se llevó a cabo en colaboración con líderes de las Farc, como Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seuxis Paucis Hernández, alias Jesús Santrich. Al parecer, la estructura criminal colombiana habría trasladado parte de sus operaciones a Venezuela bajo la protección del Cartel de Los Soles, lo que les permitió cultivar y procesar cocaína en regiones como el suroeste del territorio nacional, así como en la Serranía del Perijá.
El informe también señala que las Farc y el Cartel de Los Soles utilizaron rutas marítimas y aéreas para transportar la droga. Según explicaron desde la justicia norteamericana, los envíos marítimos partían desde la costa venezolana hacia el Caribe y Centroamérica, mientras que los envíos aéreos se llevaban a cabo desde pistas clandestinas ubicadas principalmente en el estado de Apure.
Ante ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que en 2010 se registraron al menos 75 vuelos no autorizados que utilizaron la llamada “ruta de la cocaína” entre Venezuela y Honduras.
El documento judicial también revela que miembros de las Farc y del Cartel de Los Soles habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos, incluidos Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá.
Dichos pagos les habrían permitido acceder a puertos comerciales y obtener datos de radar aéreo y marítimo para facilitar el transporte de drogas. Además, se menciona que en 2003 el Cartel de Los Soles habría entregado 300.000 dólares a Jesús Santrich para establecer un campamento de las Farc en Apure, destinado al procesamiento de cocaína.
Además, los organismos encargados explicaron que, bajo el liderazgo de Maduro, el Cartel de Los Soles no solo buscó enriquecerse mediante el tráfico de drogas, también proporcionó armas de grado militar a las Farc, así como entrenó a milicias no autorizadas que operaban como una extensión de las fuerzas armadas venezolanas. Dichos gestos habrían consolidado la relación entre ambas organizaciones y fortalecido su capacidad operativa.
“Si tiene información y se encuentra fuera de los Estados Unidos, comuníquese con la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano. Si se encuentra en los Estados Unidos, comuníquese con la oficina local de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en su ciudad”, finaliza el documento judicial.
