El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que enviará al Congreso tres reformas constitucionales: una para resolver los problemas en el sector eléctrico; otra para reformar el organismo electoral y una más para poner la Guardia Nacional al mando del Ejército.
“Las reformas que vamos a promover básicamente son tres, y en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina.
1. Nueva reforma eléctrica
El presidente explicó que enviará al Congreso una nueva reforma constitucional en el sector eléctrico para fortalecer a la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a las empresas particulares.
Aunque a principios de 2021, López Obrador envió una reforma legal para solucionar este problema, una serie de amparos judiciales han impedido que pueda avanzar este asunto, que ha confrontado al Gobierno mexicano con las grandes empresas privadas.
Con ello, la nueva reforma eléctrica buscará que 56 % del mercado sea para la CFE y el 46 % restante quede en manos de particulares.
“Se hizo una reforma a una ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley para resolver este problema y empezaron a aprobarse, por los jueces, los amparos. ¿Entonces qué nos queda? Una reforma constitucional“, afirmó López Obrador.
“Necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones”, agregó.
2. Reforma electoral
El presidente también anunció que enviará una reforma, tentativamente en 2022, para reformar el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de organizar las votaciones.
Dicha reforma, según el mandatario, buscará “que haya equidad en todo el proceso de las elecciones, para que no domine el conservadurismo, que haya democracia”.
López Obrador explicó que el principal objetivo será reformar el INE, sin que este desaparezca, para encontrar un mecanismo más equitativo en la designación de los consejeros electorales.
La medida se produce luego de que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuviera una confrontación abierta con el presidente López Obrador durante las semanas previas a las elecciones intermedias, que se celebraron el pasado 6 de junio.
“Durante mucho tiempo se han inclinado, los que deberían de actuar como jueces, en favor de los grupos de intereses creados, entonces, tenemos que buscar la forma de que quien coordine las elecciones sean gente inobjetable”, dijo el mandatario.
En este sentido, cuestionó que sean los partidos políticos los que designen en el Congreso a los consejeros del INE. También abrió la posibilidad de que la reforma pueda eliminar la figura de los legisladores de representación proporcional (plurinominales).
“¿O qué queremos una democracia nada más para las élites?”, cuestionó el presidente.
3. Guardia Nacional al Ejército
El presidente también señaló que la otra reforma constitucional, que podría presentar en 2023, previo a la sucesión presidencial de 2024, busca que la Guardia Nacional quede dentro de la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque la Guardia Nacional es una fuerza policial militarizada, administrativamente se encuentra bajo el mando de una autoridad civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación y en seis años esté echada a perder. Voy a proponer, en su momento, que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, aseguró el mandatario.
Una reforma fiscal
Un día antes de su anuncio, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, anticipó que el Gobierno mexicano impulsará una reforma fiscal que se presentará ante el Congreso en septiembre próximo.
Dicha reforma no contempla un aumento de impuestos, sino una serie de medidas que buscan reducir la evasión fiscal de los grandes contribuyentes.
Buenrostro explicó que actualmente existe un boquete por evasión fiscal de 1,4 billones de pesos (69.555 millones de dólares), equivalentes al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, las grandes empresas adeudan la mitad.
Actualmente, los grandes contribuyentes pagan una tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 19 veces menor que un trabajador asalariado promedio.
