La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nombra de oficio a jueces ejecutores para que investiguen la situación de los presos en centros penales con el fin de salvaguardar la seguridad individual de los privados de libertad y para mantener el orden en los centros penitenciarios ubicados en Támara, El Porvenir, Morocelí e Ilama.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y los directores de los centros penitenciarios antes mencionados serán investigados con relación a los hechos acontecidos los días sábado y domingo ocho y nueve de abril donde murió una persona y siete más resultaron heridos en una serie de reyertas de manera simultanea.
