En el mes que lleva detenida, acusada de terrorismo, la activista venezolana Rocío San Miguel no ha tenido contacto con sus abogados y se le permitió tan solo una visita de su hija.
Más allá de su reclusión en El Helicoide, temida cárcel del servicio de inteligencia que organizaciones de derechos humanos califican como “centro de torturas”, poco se sabe de la situación de San Miguel, experta en temas militares, vinculada por las autoridades con un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
“Indefensión”
San Miguel fue arrestada la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo junto a su hija en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas.
Sus abogados intentaron desde entonces comunicarse con ella, pero se les ha negado el acceso.
Fue presentada ante un tribunal con competencias en terrorismo, ubicado en El Helicoide, y forzada a aceptar un defensor público, estrategia habitual en casos de presos políticos. Se le acusó de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
“Esa defensa pública nunca se ha comunicado con los familiares de Rocío”, explicó a la AFP Joel García, abogado de San Miguel. “Nosotros fuimos designados por familiares para asistirla, pero eso no ha sido posible y el tribunal se excusa diciendo que no ha habido el traslado hasta el tribunal”.
“Está en indefensión e incomunicación”, condenó.
Única visita
La activista recibió una “única visita” el pasado 18 de febrero de su hija, Miranda Díaz.
“Por ella supimos que no había sido torturada”, dijo García, pero “desde ese entonces nadie más ha podido conversar con ella. No ha tenido acceso ni a familiares, amigos, abogados, nada”.
Su situación es “totalmente desconocida porque no hay comunicación con ella”, siguió. “No se sabe de su estado anímico, de salud, si está comiendo… no se sabe nada, ni siquiera cómo o con quién está recluida”.
“Nada, no sabemos nada”, lamentó.
San Miguel tiene doble nacionalidad venezolana y española. Su detención estuvo en la agenda de una llamada entre el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su par venezolano, Yván Gil.
Exesposo detenido
San Miguel dirige la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos de civiles y militares, y fue detenida junto a seis familiares, incluida su hija.
La joven y otros tres quedaron en libertad condicional.
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, quedó, como ella, en custodia del servicio de contrainteligencia (DGCIM) bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.
Los abogados tampoco han tenido acceso al expediente.
Pruebas
La vivienda de San Miguel fue allanada días después de su detención, mientras su hija se encontraba en el lugar. Las autoridades se llevaron mapas y computadores, expuestos luego ante la prensa por el fiscal general, Tarek William Saab, como “pruebas” de su relación con una presunta conspiración.
Saab mostró fragmentos de una “orden de operación” confiscada a un militar detenido, acusado también de participar en el plan de magnicidio, en los que “aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel”.
Según esos extractos, la acusada debía hacer “enlaces” con medios de comunicación para divulgar “avances de la operación”, generar “afinidad comunicacional con la población militar” y “coordinar” la defensa de oficiales involucrados a través de Control Ciudadano.
El lapso para que la Fiscalía concluya sus investigaciones vence en 15 días, según la ley, y según García, su defendida “sigue sin contar con los medios y el tiempo necesario para defenderse”.
