Fiel al libreto establecido en los juicios políticos en Nicaragua, el juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, confirmó las condenas solicitadas por el Ministerio Público contra los juzgados por un caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). La ex aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación, Cristiana Chamorro Barrios, fue sentenciada a ocho años de cárcel: cinco años por el supuesto delito de lavado de dinero y tres años por presunta apropiación y retención indebida.
Los extrabajadores de la Fundación, Marcos Fletes y Walter Gómez, fueron condenados a 13 años cada uno: cinco años por el presunto delito de lavado de dinero; cuatro años por la supuesta apropiación indebida; dos gestión abusiva y otros dos por presunta falsedad ideológica.
El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana y exvicepresidente de la FVBCh, fue condenado a nueve años de prisión: seis por el supuesto delito de apropiación y retención indebida, y tres por presunta gestión abusiva.
Pedro Vásquez, conductor de Cristiana, fue sentenciado a siete años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
Los cinco reos de conciencia fueron condenados el pasado 11 de marzo tras siete días de audiencias; las últimas tres maratónicas, en las que “no probaron la comisión de los delitos por parte de los imputados”, señalaron las defensas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó que la justicia orteguista mantuvo la medida cautelar de “arresto domiciliar” para Cristiana Chamorro y prisión preventiva para los otros cuatro reos políticos, que tienen más de nueve meses en las celdas del Chipote.
“El Poder Judicial además de las penas de prisión les impuso a todos, menos a Pedro Joaquín Chamorro, dos multas millonarias, una en córdobas y otra en dólares, imposibles de pagar y si se llegaran a conmutar equivaldrían a prisión perpetua”, denunció el Cenidh.
Más de nueve meses de prisión
La expresidenta de la FVBCh fue detenida el 2 de junio del año pasado. La acusaron por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el “lavado de dinero”, después que un informe del Estado señaló que la Fundación trasladó supuestamente fondos para el fortalecimiento de medios entre 2017-2020 a personas y organismos que buscan “la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.
El principal señalamiento de la acusación es que supuestamente la FVBCh recibió de los donantes 150 millones de córdobas entre 2015 y 2019, pero tenían en el sistema bancario 190 millones de córdobas.
Entre los beneficiarios para la supuesta desestabilización del Ejecutivo de Nicaragua, la Fiscalía enlistó a 13 medios de comunicación independientes, cuatro organismos no gubernamentales y siete periodistas.
Defensores de DD. HH. han denunciado que el proceso judicial contra los reos de conciencia han sido arbitrarios e ilegales. Además, señalan que no se ha logrado probar la supuesta culpabilidad y los testigos y pruebas que se presentan en realidad “no logran probar nada”.
Nueve civiles presentados por la Fiscalía, durante el proceso contra los exdirectivos y extrabajadores de la FVBCh, como testigos no sustentaron la teoría del supuesto lavado de dinero por parte de la Fundación. Al contrario, aseguraron que la relación con la oenegé fue honesta, transparente y correcta. Esto, según el Cenidh, demuestra que no hay evidencias de la comisión de un delito.
Además, policías que declararon en las audiencias se contradecían durante los interrogatorios. Los testimonios recabados indican que los agentes que firmaron los informes de allanamientos despertaron muchas dudas.
Los mismos familiares de los reos de conciencia hicieron notar que quienes hablaron ante el juez no fueron los mismos que participaron en los actos de “investigación” que sirvieron como “prueba” contra los acusados.
“Los oficiales dijeron que no habían participado en las diligencias y que solo las habían firmado, llegaron incluso a decir que no sabían adónde habían ido a parar las pruebas que se habían decomisado en los allanamientos y ni siquiera pudieron decir que era lo que supuestamente probaron con sus declaraciones”, dijeron.
En este contexto, familiares de los reos de conciencia y defensores de derechos humanos exigieron “libertad inmediata para los exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta, porque son inocentes”.
