Tras haber obtenido la victoria en los comicios celebrados el domingo, el presidente Nayib Bukele, ha sido señalado por diferentes sectores salvadoreños e internacionales por suponerlo de actuar “ilegalmente” dentro del proceso, ya que la reelección no es permitida en la Constitución del país centroamericano.
Bukele, quien se declaró ganador a través de su cuenta de X, afirmó que, a pesar de no contar aun con cifras oficiales, contaba con más del 80% de los votos, por lo que habría obtenido la victoria de manera aplastante y categórica.
“Se trata de un récord en toda la historia democrática del mundo”, puntualizó el gobernante.
Es importante mencionar que, la Constitución de El Salvador mantiene cuatro artículos que prohíben la reelección presidencial, donde el artículo 75 establece que “pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamadas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.
Por su parte, el artículo 88 menciona que considera la alternabilidad “indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido”.
Mientras que, el artículo 152 dice que “no puede ser candidato a la primera magistratura “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”.
Además, el director de la encuestadora CID-Gallup, Luis Haug, divulgó un sondeo a boca de urna donde le daba el 87% de la intención de voto a Bukele.
Nayib Bukele ha contado con un amplio y ferviente apoyo por parte del pueblo salvadoreño y un sector de la comunidad internacional, debido a su férrea lucha en contra de la corrupción y la criminalidad, bajo el lema “el dinero ajusta cuando nadie roba”.
Asimismo, instauró el 27 de marzo del 2022, el régimen de excepción tras un pico de homicidios en el que 87 personas perdieron la vida, a causa de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno de Bukele y estructuras criminales.
Según cifras oficiales, el régimen de excepción habría llevado a la encarcelación de más de 70.000, lo que ha disminuido la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes de 53.1% en el 2018 a un histórico 2.4% en el 2023.
Añadiendo a esto, diversos críticos de las metodologías “bukelisticas”, señalando supuestas violaciones a los derechos humanos, encarcelamientos de inocentes y “desapariciones” por parte de algunos privados de libertad del sistema penitenciario.
