En otro movimiento polémico, antes de concluir su gestión al frente del Congreso Nacional, el expresidente legislativo Luis Redondo remitió para su publicación en el diario oficial La Gaceta el decreto 48-2025, con el que buscaba otorgar, según sus planteamientos, vida jurídica a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) bajo la figura de querellante autónomo.
El decreto, compuesto por ocho artículos, establece un marco normativo para que el mecanismo internacional pueda intervenir en casos de corrupción de alto impacto, tanto del sector público como del privado, y frenar el saqueo de bienes estatales.
La normativa indica que la comisión tendría la facultad de actuar como acusador privado durante un periodo de cinco años consecutivos.
Asimismo, el documento estipula que el Fiscal General de la República será responsable de acreditar formalmente a cada miembro de la comisión en su condición de querellante autónomo.
También se reconoce que el ente internacional podrá presentar requerimientos fiscales conforme a la Ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal vigente.
Aunque la ley plantea la autonomía de la CICIH, su financiamiento dependerá exclusivamente de fondos nacionales, a pesar de que la estructura se proyecta como un ente independiente bajo un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, la normativa fue publicada pese a que Honduras aún no ha suscrito el convenio definitivo con la ONU, existiendo únicamente un memorándum de entendimiento que no otorga plena vigencia internacional al mecanismo.
Analistas legales han señalado que la aprobación de esta ley antes de la instalación formal de la comisión podría constituir una irregularidad.
