Tegucigalpa. Francisco Morazán. En Audiencia de Revisión de Medidas, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), consiguió que un Juez Anticorrupción confirmara este lunes la medida cautelar de Prisión Preventiva en contra de exfuncionarios de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) por los delitos de Fraude y Abuso de Autoridad relacionado a la compra irregular de un sistema de software para el área administrativa de la institución.
Lo anterior, luego que la defensa privada del exgerente de BANASUPRO, Santos Ubaldo Cerrato Canales, el exjefe de Administración y Recursos Humanos, Víctor Samuel Anchecta Castro y el exjefe de la División Contable y Financiera, José Norman Canales Fúnez, peticionaran el cambio de medidas a sustitutivas, presentando para ello un arraigo patrimonial y una caución de bienes inmuebles.
No obstante, el Ministerio Público solicitó que las fianzas fueran rechazadas en base a que no han desaparecido los presupuestos legitimadores para que se sustituyera la Prisión Preventiva, ratificándose ese extremo por parte del juez competente.
Cómo se recordará, los exfuncionarios fueron capturados por la ATIC el pasado miércoles 13 de junio cuando el Ministerio Público lideró la Operación “Dragón VI”.
A Santos Ubaldo Cerrato Canales se le decretó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Abuso de Autoridad, Fraude y tres delitos de Usurpación de Funciones; a Víctor Samuel Anchecta Castro por los delitos de Abuso de Autoridad, Fraude, Falsificación Ideológica de Documentos Públicos y Usurpación de Funciones; y a José Norman Canales Fúnez por Falsificación Ideológica de Documentos Publcios y 2 delitos de Usurpación de Funciones.
En el caso de la ex Encargada de Bienes Nacionales, Claudia Monserrat Cáceres Zúniga, acusada de Fraude a título de Complice y 2 delitos de Falsificación Ideológica de Documentos Públicos, desde la Audiencia Inicial se le dictó Auto de Formal Procesamiento y se le otorgaron medidas distintas a la prisión.
En un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), revela que en el año 2010 los exfuncionarios realizaron la compra del sistema sin cumplir con las disposiciones legales establecidas ni con los documentos soportes de la adquisición.
De acuerdo a agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC en la investigación se encontró que los empleados de BANASUPRO emitieron 38 cheques a favor de dos empresas por concepto de compras de licencia, servicios profesionales y equipo de cómputo, entre otros por un monto de tres millones doscientos veinte mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras (Lps. 3,200,435.00).
