Desde su primer cargo oficial en 2007 como jefe del Fondo de Solidaridad de la primera administración de Correa, Glas -de 54 años e ingeniero de profesión- inició una carrera meteórica dentro del gobierno y los círculos del exmandatario, que lo llevaron a acompañarlo en la fórmula presidencial en la campaña de 2013.
Pero también fue con su incursión como vice de Correa que comenzaron sus problemas con la justicia.
Tras cuatro años en el cargo, en diciembre de 2017 Glas fue condenado a ocho años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebretch, en un caso que golpeó a varios gobiernos en América Latina.
En ese momento Glas actuaba como vicepresidente de Lenín Moreno, que había sido elegido en mayo de ese año para suceder a Correa.
Fue el propio Moreno quien confirmó, tras una votación en el parlamento ecuatoriano en enero de 2018, que Glas ya no ocuparía el cargo de vicepresidente en su gestión.
En ese momento se entregó a las autoridades.
Pero tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso de habeas corpus, Glas consiguió la libertad condicional el 28 de noviembre de 2022, cuando había cumplido la mitad de su condena.
Sin embargo, los procesos judiciales continuaron su marcha y el político fue citado por la justicia a finales de 2023 para responder por otro caso de corrupción asociado al manejo de fondos tras el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí siete años antes.
Glas buscó entonces el refugio diplomático en la embajada de México.
“Hay una persecución política desde el año 2017 escalada últimamente por la Fiscal General del Estado que arbitrariamente pretende procesar y detener a Jorge Glas, siendo él una persona inocente”, le dijo su entonces su abogado a la agencia de noticias Reuters.
Desde ese momento, las autoridades ecuatorianas habían intentado distintos mecanismos jurídicos para que el gobierno de México entregara al exvicepresidente y éste respondiera ante la justicia.
Hasta la madrugada de este sábado, cuando un grupo de uniformados ingresó de forma irregular a la sede diplomática y sacó al vicepresidente, en una maniobra sin antecedentes en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Tras el asalto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador.
“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, aseguró el mandatario mexicano.
