El Ministerio de Justicia surcoreano ha impuesto este lunes al presidente, Yoon Suk-yeol, la prohibición de abandonar el país mientras se le investiga por traición y otros cargos, tras decretar la ley marcial la semana pasada.
La policía y Fiscalía surcoreanas investigan a Yoon como sospechoso de cometer traición, de amotinamiento y de abuso de poder, cargos que también pesan sobre varios altos funcionarios gubernamentales y militares involucrados en la polémica medida, decretada aparentemente con motivaciones puramente ligadas a la supervivencia política del presidente y a la protección de la primera dama, sobre la que pesan acusaciones de corrupción.
Tras la fracasada moción parlamentaria para destituir al jefe de Estado el pasado sábado, su formación, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), indicó que tiene intención de lograr que Yoon deje sus funciones como presidente “de forma temprana y ordenada”, y que mientras “dejará de asumir sus funciones en asuntos estatales, incluyendo la diplomacia” en favor del primer ministro, Han Duck-soo.
La oposición presentará una nueva moción de destitución
El principal bloque opositor, el liberal Partido Democrático (PD), ha tachado el plan del PPP, que aparentemente busca minimizar en la medida de lo posible el daño infligido entre los votantes la ley marcial declarada por Yoon, planea presentar el miércoles otra moción en el Parlamento para tratar de inhabilitar al mandatario.
El PD, que consiguió solo el apoyo de tres parlamentarios del PPP el sábado, necesita ocho votos del partido gobernante para lograr la mayoría de dos tercios necesarios en la cámara para cesar a Yoon.
El presidente aun controla el Ejército
Mientras, en un momento de incertidumbre sobre las funciones ejecutivas del presidente, el Ministerio de Defensa Nacional ha advertido de que el control de las Fuerzas Armadas en Corea del Sur aún corresponde legalmente a Yoon Suk-yeol.
“Legalmente, (el control del Ejército) actualmente recae en el comandante en jefe (que en Corea del Sur es el presidente)”, dijo hoy en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, Jeon Ha-kyou, cuando le preguntaron sobre si un sospechoso en un caso de alta traición puede ostentar semejantes poderes.
Esta declaración pone en duda el marco propuesto para la dimisión del mandatario por el partido gobernante.
Horas antes de la fracasada votación parlamentaria del sábado, Yoon se disculpó por decretar la ley marcial, argumentando que lo hizo por “desesperación”, y aseguró que no volvería a declarar el estado de excepción.
A su vez, el ministro de Defensa Nacional en funciones, Kim Seon-ho, declaró el pasado viernes que no se está preparando una nueva ley marcial y que incluso si se propusiera esa medida las Fuerzas Armadas no la acatarían “de ninguna manera”.
