El Poder Judicial informó sobre la emisión de un auto de formal procesamiento contra tres ciudadanos presuntamente vinculados a una red de corrupción ligada a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El caso involucra delitos de asociación ilícita, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos.
COMUNICADO:
AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA SUPUESTOS IMPLICADOS EN RED DE CORRUPCIÓN VINCULADA A LA OABI
San Pedro Sula.– El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en el marco de sus atribuciones legales y con base en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, ha dictado Auto de Formal Procesamiento contra tres ciudadanos, a quienes se les supone responsables de la comisión de diversos delitos en perjuicio de un testigo protegido, los derechos fundamentales de la sociedad y la administración pública del Estado de Honduras.
La causa fue presentada contra Jaime Renán Banegas Zerón y Jorge Luis Martínez Grijalva, por suponerlos responsables de los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad en malversación por uso y estafa. Asimismo, se procesó a Rigoberto Portillo Mejía por los delitos de asociación para delinquir, uso de información privilegiada, autor de malversación por uso, complicidad de estafa y coacción.
Como parte del procedimiento judicial, el juzgado ha convocado a las partes a la Audiencia Preliminar, el día martes 4 de noviembre de 2025, a las 9:30 de la mañana, en dicha audiencia se continuará con la formalización del caso conforme al debido proceso.
Se ratificaron las medidas cautelares sustitutivas previamente impuestas durante la Audiencia de Declaración de Imputado, en base a las consideraciones jurídicas contenidas en la resolución, lo cual garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales y evita el riesgo de obstaculización de la investigación en curso.
Según lo expuesto en el requerimiento fiscal, los hechos están relacionados con presuntas irregularidades cometidas en el marco de operaciones vinculadas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). De acuerdo con la acusación, los procesados ofrecían supuestas oportunidades de inversión en el rubro hotelero, utilizando para ello su influencia o acceso a información relacionada con bienes incautados. A cambio de estos beneficios, la persona afectada, un testigo protegido en el proceso, habría depositado más de un millón de lempiras a favor de los imputados Jaime Banegas y Jorge Martínez, quienes posteriormente retiraron el dinero en efectivo sin haber realizado ninguna gestión administrativa que respaldara dicha inversión.
Con esta actuación judicial, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la legalidad, el combate a la corrupción y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, garantizando la transparencia y el acceso a la justicia en todos los procesos.
