Una huelga general en 48 maquiladoras de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, está a punto de generar aumentos de sueldo para obreros que ganan menos de un dólar la hora ensamblando repuestos de autos y televisores que son exportados a Estados Unidos y causando nerviosismo en la comunidad empresarial.
La batalla laboral estalló a mediados de enero, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenase duplicar el salario mínimo en las zonas de la frontera, aparentemente sin saber que algunos contratos sindicales en las maquiladoras están indexados a los aumentos en el sueldo mínimo. El decreto presidencial motivó una ola de huelgas que abarcó a unos 25.000 trabajadores.
Las maquiladoras dicen que las huelgas ponen en peligro la misma existencia de una industria que atrajo a unas 5.000 plantas de propiedad extranjera y generó 2 millones de empleos pagando sueldos muy bajos.
Líderes sindicales aseguran que esos temores son exagerados y señalan que los obreros de las plantas de la frontera ganan mucho menos que los de Estados Unidos.
Menos de una semana después de que empezasen las huelgas, la mayoría de las plantas de exportación de Matamoros –19 de un total de 34 fábricas– aceptaron las exigencias de los sindicatos, que se apuntaron una inusual victoria gracias en buena medida a algo que el presidente probablemente no buscó.
Luego de asumir la presidencia el 1ro de diciembre, López Obrados duplicó el sueldo mínimo a lo largo de la frontera, al equivalente a 9,28 dólares diarios. Las maquiladoras pagan un promedio de 7,70 dólares diarios y los obreros se declararon en huelga para reclamar que se aplicase el aumento del 20% a sus salarios, incluso a aquellos con sueldos superiores al salario mínimo. Exigieron asimismo una bonificación de casi 100 dólares.
“A lo mejor no midió lo que estaba plasmado en los contratos colectivos”, expresó Javier Zúñiga, un militante del sindicato de mineros que ayudó a coordinar la huelga. “El presidente actuó de buena fe, pero no midió el impacto que iba a tener en los contratos colectivos, en beneficio, esta vez, de los trabajadores”.
Desde la década de 1990 muchas empresas de Matamoros firmaron contratos indexados a los aumentos en el salario mínimo. Era una forma de mantener los sueldos bajos, dado que en años previos generalmente se daban aumentos equivalentes a la tasa inflacionaria.
La fabricante de cables para automotores Kongsberg Intrerior Systems firmó uno de esos contratos en marzo del 2018, el cual dice que “la empresa acuerda que procurarán llegar a un acuerdo con el sindicato de incrementar sus salarios en el mismo porcentaje con que sean aumentados los salarios mínimos generales”.
Además, las bonificaciones anuales de muchas firmas se calculan multiplicando los aumentos en el salario mínimo por 365, una cifra que en el pasado representaba escasos 100 dólares.
“Nuca pensaron que había un sindicato real o que (el contrato) tuviera esa cláusula”, declaró Cirila Quintero, profesora de sociología del Colegio de la Frontera Norte que estudia el sindicato de Matamoros que representa a los obreros de las maquiladoras desde hace más de un cuarto de siglo.
El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora en Matamoros, fundado inicialmente en 1932 para representar a los trabajadores de las plantaciones de algodón, es un caso fuera de lo común en México porque ha conseguido concesiones que no se dan en ningún otro convenio laboral del país. Son mucho más comunes los sindicados “fantasma” que firman contratos beneficiosos para las empresas, sin consultar con los trabajadores que supuestamente representan.
López Obrador ha tratado de no antagonizar al sector empresarial y parece haber alentado involuntariamente la agitación laboral. Tanto Quintero como Luis Aguirre, líder de la asociación de empresas maquiladoras de México (el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación), dicen que las autoridades exhortaron al sindicato de Matamoros a no pedir aumentos salariales. La Secretaría del Trabajo se negó a confirmar esto, diciendo solo que envió mediadores a Matamoros para tratar de aliviar tensiones.
Aguirre afirma también que las autoridades nacionales están de acuerdo en que la interpretación que hace el sindicato de las cláusulas del contrato está equivocada, pero agrega que el gobierno no se ha mostrado dispuesto a intervenir.
“Esto provocará desempleo y la huida de por lo menos 15 de estas empresas”, pronosticó Aguirre, cuya organización dijo en un comunicado que los pedidos de aumentos “se pueden dispersar hacia otras entidades donde también tiene presencia importante el sector” en la frontera, “aparte de que se manda una muy mala imagen en términos de IED (inversión extranjera directa)”.
De todos modos, la mayoría de las empresas de Matamoros aceptaron los pedidos de aumentos y les sería muy difícil encontrar cerca del mercado estadounidense un sitio donde puedan pagar menos de un dólar la hora.
Otras ciudades de la frontera con plantas de ensamblaje, como Tijuana y Ciudad Juárez, “no tienen este punto” en los contratos, señalo Quintero. “Pero lo que va a pasar es que los trabajadores van a exigir su aumento a 176 pesos”, el nuevo sueldo mínimo, equivalente a menos de dos dólares, manifestó.
López Obrador está siendo presionado por el sector empresarial para que contenga los pedidos de aumentos, pero es poco probable que lo haga.
Lo único que le prometió al movimiento laboral es garantizar la libertad de sindicalizarse y no meterse en los asuntos internos de los sindicatos. Esto es un gran progreso para los trabajadores en un país donde el movimiento laboral ha estado contenido por décadas por dirigentes sindicales de la vieja guardia y contratos favorables a las empresas, a menudo firmados incluso antes de que abrieran las fábricas.
López Obrador, por otro lado, muestra una cierta simpatía por dirigentes sindicales combativos como el líder del Sindicato de Mineros (Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares) Napoleón Gómez Urrutia y el jefe del Sindicato de Electricistas Martín Esparza, aunque ambos han sido acusados de manejos financieros cuestionables y de montar más protestas que negociaciones.
Zúñiga niega que López Obrador favorezca al sindicato minero o que él y otros dirigentes sindicales estén haciéndole el juego al presidente estadounidense Donald Trump, quien quiere que las fábricas estadounidenses del exterior regresen a Estados Unidos.
“Desafortunadamente, aquí en Matamoros la gente sobrevive con salarios bajos”, afirmó Zúñiga. “No hay ningún complot, más que velar y ayudar a los trabajadores”.
