El presidente de Perú, Pedro Castillo, y el Congreso de la República reavivaron el enfrentamiento que mantienen desde el año pasado, cuando comenzó el actual régimen, ahora en medio de las investigaciones que se siguen sobre una presunta organización corrupta enquistada en el Ejecutivo.
Castillo decidió durante la mañana de este lunes, casi a último minuto, no recibir a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga esas denuncias, que también son motivo de pesquisas preliminares de la Fiscalía contra el gobernante.
Mientras que la defensa del mandatario argumentó que era imposible recibir a una comisión que ya adelantó una opinión sobre el tema de fondo, los miembros del grupo legislativo aseguraron que esa decisión fue “una falta de respeto” al Parlamento.
Castillo había anunciado la semana pasada que sí iba a reunirse con los integrantes del grupo legislativo, pero dio marcha atrás después de que su abogado principal, Benji Espinoza, le recomendara no hacerlo.
Espinoza aseguró durante la mañana de este lunes, en las puertas del Palacio de Gobierno, que el gobernante no se puede someter a una comisión investigadora que ya tiene listo un informe final en el que acusa al mandatario.
Sostuvo, además, que el presidente del grupo de trabajo legislativo, el fujimorista Héctor Ventura, ya declaró que tienen datos sobre “vínculos contundentes” de la participación del jefe de Estado en esa presunta organización criminal.
Agregó que la comisión “no busca la verdad ni actúa objetivamente”, sino que quiere “levantar cargos” contra el mandatario y hacer “una puesta en escena, una apariencia de un proceso para luego decir que el presidente ha sido escuchado y se ha respetado el debido proceso”.
Falta de respeto al Congreso
En respuesta a las declaraciones de Espinoza, Ventura afirmó que la decisión del gobernante es un “total desaire para todo el país” y recordó que se había comprometido a recibir al grupo legislativo.
Casi de inmediato, partió a pie hacia el Palacio de Gobierno, ubicado a pocas cuadras de la sede del Congreso, junto con los demás integrantes de la comisión para “cumplir lo que se ha acordado de manera formal”, según dijo.
Al llegar a la sede del Ejecutivo, los parlamentarios confirmaron que el mandatario estaba en viaje de trabajo en el interior del país, por lo que tuvieron que regresar hacia el Palacio Legislativo, en medio de un gran despliegue de los medios de comunicación.
Ventura reiteró que Castillo tiene la “obligación moral” de responder ante la comisión, pero dijo que no volverán a citarlo porque este miércoles ya entregarán su informe final.
El legislador también aseguró que no adelantó opinión sobre la investigación del caso y que solo dijo que tenían “elementos de convicción” sobre la presunta implicación de Castillo.
En respuesta, el ministro de Defensa, José Gavidia, reiteró que Ventura había dicho que “ya tenían listo el informe” y consideró que esta es “una clara muestra de que no hay una objetividad en la visita” que querían hacer al presidente.
Tras asegurar que Castillo “siempre está llano a colaborar con todas las instancias” de investigación, Gavidia invocó al Congreso a volver a “trabajar juntos por el país”.
La investigación del caso
La Comisión de Fiscalización del Congreso investiga, en paralelo a la Fiscalía de la Nación, las denuncias sobre una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con la actual administración, que están prófugos de la Justicia.
Empresarios que colaboran con la Fiscalía han señalado que en esta presunta organización delictiva están involucrados, además de Castillo; el exministro Juan Silva; el ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco; y dos sobrinos del mandatario.
En medio de estas pesquisas, el pasado jueves un tribunal supremo rechazó un recurso de “tutela de derechos” presentado por el abogado de Castillo para que se ordene la suspensión de cualquier investigación contra el gobernante, ya que su defensa considera que goza de inmunidad absoluta durante su mandato.
Espinoza anunció este domingo que acudirá a fueros superiores, como el Tribunal Constitucional, e incluso supranacionales, para apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal contra el mandatario.
Según lo anunciado por Ventura, el informe será presentado este miércoles ante la Comisión de Fiscalización, que deberá debatirlo y, tras su eventual aprobación, pasará al pleno para seguir el mismo procedimiento.
En caso de ser refrendado por esa máxima instancia, será enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que evalúe las posibles infracciones a la Constitución, y al Ministerio Público, para que establezca posibles responsabilidades penales.
Con información de EFE
