El Ministerio Público está presentando un nuevo requerimiento fiscal con órdenes de captura contra ocho personas que se valieron del dolor de 50 familias quienes perdieron a sus seres queridos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004, en donde lamentablemente fallecieron más de 107 privados de libertad.
De acuerdo a la relación de hechos investigados, luego de las trágicas muertes, los familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se conoció como “Caso Pacheco Teruel y otros”, en donde, se determinó mediante sentencia en el año 2012 que el estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de L317,289 lempiras con 72 centavos. Dichos fondos comenzaron a pagarse en el año 2017 luego que la Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) creara una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, se descubrió por parte del Ministerio Público que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una misma persona quien actuó con poderes que nunca otorgaron las víctimas, además se encontraron inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas así como la no autorización de muchos expedientes por parte de la Comisión creada en el INP, burlándose de esta forma de varios de los dolientes quienes al final no recibieron el pago porque un grupo de malos ciudadanos entre empleados del INP quienes se apropiaron de manera ilegal del dinero de las víctimas en confabulación con notarios públicos.
En ese sentido, el MP solicitó las respectivas órdenes de captura y seguirá el juicio en contra de todos imputados acusados por los delitos de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
Estos son los implicados: Albertina Gómez, Pedro Armando Santos y Carlos Aguilar.
