Organizaciones campesinas presentaron este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, la misma normativa que ha generado rechazo entre los grupos que mantienen protestas y tomas de tierras en los departamentos de Colón y Yoro. Los sectores consideran que la legislación vulnera sus derechos, mientras que sus promotores sostienen que busca brindar seguridad jurídica a la inversión y a la producción agroindustrial.
La ley declara como prioridad nacional la protección de las inversiones, las tierras, la infraestructura y las actividades vinculadas al sector agroindustrial. Además, establece que las propiedades destinadas a esta actividad son inafectables y prohíbe, bajo cualquier circunstancia, la ocupación, invasión o usurpación de esos terrenos, incluso cuando estas acciones se presenten como protestas o reivindicaciones sociales.
Asimismo, obliga al Ministerio Público, la Policía Nacional y demás autoridades competentes a intervenir de forma inmediata ante denuncias de invasiones, tomas, bloqueos u otras acciones que afecten directa o indirectamente las actividades agroindustriales. La acción de inconstitucionalidad abre ahora un nuevo capítulo en el debate sobre esta polémica legislación.
