Tegucigalpa. 12 de julio del 2022. La Policía Nacional de Honduras reporta que no se realizó la entrega de hondureño que fue capturado en El Salvador, por tener dos órdenes de captura y notificación roja pendientes por la comisión de varios delitos en el territorio nacional.
La Unidad de Interpol de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fue informada por autoridades salvadoreñas sobre la detención del imputado en el aeropuerto de ese país, cuando pretendía salir en un vuelo hacia España con escala en Panamá y así evadir a la justicia.
Tras que las autoridades salvadoreñas realizaran el trámite administrativo y la coordinación con Interpol Honduras, se acordó la entrega del imputado para este martes, por el punto de control fronterizo El Amatillo en la zona sur del país, en el departamento de Valle, trámite que no fue posible llevar a cabo a última hora.
Cuando los agentes de Interpol, Policías de la UDEP-6 y UDEP-17, se encontraban sobre el puente del Amatillo a la espera del capturado, los funcionarios salvadoreños a cargo de la entrega fueron informados que la misma no podría efectuarse debido a que el imputado cuenta con Asilo Político concedido por el Reino de España desde el 12 de mayo del presente año, por lo que la continuidad del proceso se canalizará por la vía diplomática.
Antecedentes del caso
Se conoció que este individuo de 41 años, de nacionalidad hondureña y profesión abogado, residía desde hace algún tiempo en El Salvador, lugar al que se trasladó luego de cometer los múltiples delitos de los que se le acusa.
De acuerdo al sistema de Interpol, el sospechoso tiene dos órdenes judiciales pendientes y notificación roja, gracias a la cual se pudo realizar su arresto.
La primera orden fue emitida el 20 de julio del 2018, por el Juzgado de Letras Natural Designado, por suponerlo responsable de los siguientes delitos:
La segunda orden de arresto fue extendida el 24 de noviembre del 2021, por el Juzgado de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por suponerlo responsable de:
Según el expediente investigativo, para el año 2005, el ahora capturado era el apoderado legal de una fundación con sede en el departamento de Islas de la Bahía; permitiéndose sustraer 15 millones de lempiras de una cuenta de la fundación, los cuales fueron transferidos a otras cuentas para pagar tarjetas de crédito, gastos personales y emisión de cheques para algunos familiares.
