La Defensoría del Pueblo llevó a la Fiscalía el informe sobre presuntas vulneraciones a los derechos de la ciudadanía, en el marco de las protestas de octubre de 2019, que se produjeron luego de que el Ejecutivo emitiera un decreto que elevaba el precio de los combustibles.
Una comisión creada por la Defensoría del Pueblo, entre sus conclusiones, señaló que hubo 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 3 casos de violencia sexual y 20 lesiones oculares.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia de presuntos delitos de lesa humanidad.
“Esta denuncia (…) en contra del presidente de la República (Lenín Moreno), de la ex ministra de Gobierno (María Paula Romo) y del actual ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín), quienes están siendo determinados y se tendrá que establecer su responsabilidad en cuanto a este delito de lesa humanidad, de un ataque generalizado contra la población civil…“
Carrión agregó que está pidiendo a la Fiscalía que inicie la investigación previa respectiva y dado que el actual Gobierno está a punto de dejar el poder haya una medida cautelar mediante la cual se prohíba la salida del país de los denunciados para que den su versión de los hechos.
