El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves, en segundo debate y por unanimidad, el proyecto de ley “Menstruación y Justicia”, una iniciativa que rebaja el impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 13% al 1% a los productos de higiene menstrual. El plan contempla el ingreso de estos artículos a la canasta básica tributaria cada vez que se actualice, según Luz Mary Alpízar, legisladora del partido oficialista Progreso Social Democrático.
Además de la reducción de impuestos, el plan contempla que se brinde educación sobre el tema. El artículo 6 del proyecto dice que “las instituciones educativas procurarán incorporar en su currículo, a partir del primer ciclo y hasta educación diversificada, todo lo referente a la educación menstrual, que permita tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar la menstruación de forma digna, segura y privada”.
El texto también señala que el Instituto Nacional de las Mujeres desarrollará “campañas de información y concientización inclusivas, enfocadas en la diversidad de productos menstruales, gestión de la menstruación, efectos de menstruaciones dolorosas y la prevención de actos de acoso relacionados con la menstruación.”
Entre los productos que se contemplan están los protectores diarios, las toallas sanitarias, los tampones y las copas menstruales, que según destaca la iniciativa “establecen un cobro a un hecho biológico, lo cual profundiza las brechas de género que las mujeres enfrentan durante todas sus vidas y resultan claramente discriminatorios”.
El proyecto de ley aprobado asegura que se debe reconocer la gestión menstrual como “un tema de salud pública, pues refiere a un hecho biológico que experimenta la mitad de la población mundial”.
Rocío Alfaro, diputada del izquierdista Frente Amplio, destacó que la ley es una “necesidad que se debe asumir a nivel social, porque en estos momentos las personas más vulnerables no pueden gestionar adecuadamente su menstruación”. El plan incluye suministrar los productos de higiene menstrual a los centros penitenciarios y de aprehensión por condición migratoria.
La legisladora Johana Obando, del partido Liberal Progresista, señaló que la compra de este tipo de artículos es un peso para la economía de la mujer, especialmente las desempleadas, por lo que la disminución del impuesto al valor agregado representa un alivio en su presupuesto.
