El Ministerio Público, a través de su Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó formalmente una acusación fiscal contra José Alberto Zelaya Guevara y Elmer Antonio Rubí Rivera.
Los cargos incluyen violación de deberes de funcionarios y fraude contra Zelaya, mientras que Rubí enfrenta acusaciones de fraude y lavado de activos. La investigación señala que ambos habrían incurrido en irregularidades durante su gestión y operaciones empresariales.
Las investigaciones revelan que entre 2014, cuando Zelaya se desempeñaba como Subgerente de Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), habría favorecido de manera irregular a la empresa Distribuidora de Suministros Médicos (DISUMED), propiedad de Rubí.
Esta adjudicación incluyó cinco compras directas fraccionadas de gasas quirúrgicas por un total de 893,750 lempiras, lo que violó la Ley de Contratación del Estado al evadir normativas de licitación.
Según el expediente, Rubí habría recibido fondos ilícitos por un monto de 2,490,750 lempiras mediante cheques sin justificación legal emitidos por empresas fachadas, con el fin de ocultar el origen del dinero.
Dichos fondos habrían sido movidos a través de operaciones financieras diseñadas para blanquear activos, completando así la cadena de ilícitos vinculados al fraude inicial en el IHSS.
