La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), desmiente de forma categórica las declaraciones del dirigente del transporte urbano, señor Wilmer Cálix, quien, en un acto más de especulación que de sustento, afirmó que los recientes decomisos de unidades de transporte obedecían a una supuesta represalia por la participación de estas en la caminata convocada por iglesias Católica y Evangélica para el próximo 16 de agosto.
Cabe investigar si las autoridades poseen alguna prueba o capacidad para identificar, entre miles de vehículos, cuáles son precisamente los que la iglesia utilizaría para dicha actividad, O, más bien, si el trasnportista usa esta conveniente excusa como una cortina de humo para desviar la atención del verdadero problema: la flagrante ilegalidad en la que operaban esas unidades de transporte.
La verdad, respaldada por actas y registros oficiales, es clara: de las 24 unidades decomisadas, 18 eran conducidas por personas sin licencia de conducir; otras presentaban permisos de operación cancelados por multiples faltas, boletas de revisión técnica vehicular vencidas o inexistentes o de otros vehiculos , y varias acumulaban múltiples infracciones sin pagar desde hace ya varios meses.
En algunos casos, las condiciones de inseguridad son tan graves que estas unidades podrían ser investigadas para verificar si podrían ser utilizadas por estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) o Pandilla 18, poniendo en riesgo no solo a los pasajeros, sino también a la ciudadanía.
La DNVT subraya que el procedimiento se realiza de manera imparcial, objetiva y en estricto cumplimiento de la Ley de Tránsito, sin motivación política, ideológica o religiosa alguna. Recordamos que, conforme al Artículo 293 de la Constitución de la República, la Policía Nacional es una institución profesional, permanente, apolítica y no deliberante en sentido partidista, con la misión fundamental de proteger la seguridad de las personas y sus bienes, así como el orden público.
