Argentina vive este martes una nueva polémica relacionada con el Gobierno de Javier Milei y su relación con los medios de comunicación, después de que el Ejecutivo limitase, vía decreto, la ley de acceso a la información pública.
Organizaciones civiles y la prensa siguen preocupados por la reglamentación hecha por el Ejecutivo de la ley de acceso a la información pública, por la que el Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal -papeles de trabajo, reuniones previas, etc.
Además, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
Desde hace siete años rige en Argentina una ley de Acceso a la Información Pública, que permite a la ciudadanía, mediante un mecanismo, el derecho de acceso a la información considerada de carácter público, que ha desvelado comportamientos impropios de las autoridades, ha colaborado en la investigación de causas judiciales o ha echado luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
Argentina vive este martes una nueva polémica relacionada con el Gobierno de Javier Milei y su relación con los medios de comunicación, después de que el Ejecutivo limitase, vía decreto, la ley de acceso a la información pública.
Organizaciones civiles y la prensa siguen preocupados por la reglamentación hecha por el Ejecutivo de la ley de acceso a la información pública, por la que el Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal -papeles de trabajo, reuniones previas, etc.
Además, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
Desde hace siete años rige en Argentina una ley de Acceso a la Información Pública, que permite a la ciudadanía, mediante un mecanismo, el derecho de acceso a la información considerada de carácter público, que ha desvelado comportamientos impropios de las autoridades, ha colaborado en la investigación de causas judiciales o ha echado luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
¿Qué información veta el decreto de Milei?
Según el decreto firmado por Milei, la ciudadanía no podría indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, o cuántos perros acompañan al presidente, porque el derecho de acceso a la información pública excluye ahora la que “hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
La Fundación Poder Ciudadano destacó en sus redes sociales que “ningún decreto puede restringir el Acceso a la Información Pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso” y recordó que “el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales” y que “la información está en manos del Estado pero le pertenece a la ciudadanía”.
Organizaciones buscarán llevar el caso a la Justicia
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, dijo este martes a Radio Mitre que la institución está “analizando” llevar el caso a la Justicia para que “declare inconstitucional” el decreto; la alternativa es que el Gobierno “se dé cuenta que está mal lo que hizo” y vaya para atrás con el decreto.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó los cambios que introdujo el Gobierno de Milei, advirtió de que “implican un grave retroceso democrático”, porque “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”, y alertó de que “ataca todos los principios de transparencia activa”.
Fopea señaló que la reglamentación introduce además un artículo que fija que “la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes” que podría implicar la imposición de indemnizaciones.
El foro recordó que “debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada” y que “son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”.
