Más de 2.000 empleados de la judicatura —entre ellos 600 magistrados— han promovido juicios de amparo, un proceso en el que se impugnan normas generales que se consideran violatorias de los derechos humanos.
Los funcionarios se han mostrado inconformes por la primera reforma del Gobierno de Morena, la de dos artículos de la Constitución —75 y 127—, con la que López Obrador ha decretado que nadie en la Administración Pública gane más que él. El mandatario recortó un 40% su sueldo y lo fijó en 108.000 pesos mensuales (5.300 dólares). La demanda afirma que esta reforma “es contraria al orden constitucional”. Cortesíaelpaís
