El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización no gubernamental de El Salvador, señaló que al menos unas 13.000 personas “inocentes” detenidas durante el régimen de excepción implementado por Nayib Bukele para combatir a las pandillas, deben ser liberadas.
La ONG apuntó, en un mensaje en la red social X (antes Twitter), que “miles de estas personas ya cuentan con sus cartas de liberación, emitidas por la Dirección de Centros Penales, pero se les ignora y se les prolonga el sufrimiento”.
“Exigimos que se libere a toda persona inocente con carta de libertad. Con la vida y la libertad de las personas NO SE JUEGA”, agregó la ONG.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó el martes que al menos 7.000 personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción ya han sido liberadas, a las que, según el Socorro Jurídico, deben de sumarse esas 13.000 más.
El SJH se fundó el 25 de julio de 2022 y desde entonces ha recibido más de 2.500 denuncias, de las que 1.376 son detenciones arbitrarias.
También registra información de unas 300 personas detenidas y que fallecieron en custodia estatales y de las que han confirmado 170, según su directora, Ingrid Escobar.
El SJH ha acompañado la presentación de 1.285 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de “personas capturadas de manera arbitraria”, de los que 1.260 no se han resuelto.
Más de un año en régimen de excepción en El Salvador
La Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022, que ha dejado más de 72.000 personas detenidas y a las que el Ejecutivo acusa de ser pandilleros, tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
“Más de un año y medio de régimen de excepción donde queda claro nuestra firma voluntad de erradicar por completo este fenómeno (de las pandillas)”, añadió Villatoro.
El Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 9 de agosto extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo el régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”.
La nueva extensión entró en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo.
Las organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.400 “víctimas directas” de atropellos en el contexto de la medida de excepción.
El régimen de excepción se ha convertido en la principal medida de seguridad del Gobierno del presidente Bukele para combatir a las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos.
Estas bandas han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
