Jazmín de los Ángeles Elizondo pudo casarse con su novia, Laura Flórez-Estrada, porque un funcionario la registró como hombre en 1991, cuando nació en el cantón costarricense de Pérez Zeledón (sureste del Valle Central de Costa Rica). Ambas forman la única pareja homosexual que ha podido casarse en este país centroamericano, que el año pasado fijó mediados de 2020 como fecha límite para que los matrimonios igualitarios sean legales.
Jazmín y Laura podrían ser la envidia de muchas otras parejas de mujeres en Costa Rica, un país tan avanzado en lo social —en el ámbito americano— como retrasado en la regulación de algunos derechos civiles. Sin embargo, lo de ser felices para siempre no se ha cumplido plenamente: ahora enfrentan una causa penal por “matrimonio prohibido” que podría desembocar en una condena máxima de hasta tres años de prisión. El abogado que las casó, Mario Castillo, se expone a una pena de hasta 18 años de cárcel por “falsedad ideológica”.
Jazmín —conocida bajo el apodo de Jaz—, de 27 años y actriz, y Laura —Lalai—, chef española de 31 años, han logrado visibilizar la causa de la población LGBT en Costa Rica. Pero también se han convertido en un ejemplo especialmente claro de la discriminación del Estado en el país centroamericano, según lamenta Castillo, el abogado que las casó casi en secreto el 25 de julio de 2015. La cédula de Jazmín decía que era tenía sexo masculino y la de su novia, femenino: todo estaba legalmente en orden hasta que su caso trascendió a la esfera pública y las autoridades mostraron su disgusto. El Registro Civil cambió la M de masculino por la F de femenino y quiso anular su matrimonio y fue, incluso, un paso más allá: les abrió un expediente penal y ahora están a las puertas de ser juzgadas. Los acusados en la audiencia preliminar, que se celebrará este martes, son ambas mujeres, Castillo y dos testigos del enlace.
El caso sigue adelante a pesar del fallo de la Sala Constitucional de noviembre, que dio 18 meses para habilitar en Costa Rica el matrimonio igualitario que por ahora está prohibido en toda Centroamérica. Poco afecta también el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que, para más inri, tiene su sede a un kilómetro del restaurante que regenta la pareja—: el 9 de enero de 2018 el órgano ordenó abrir la figura legal para la población LGTB y atizó una discusión local aún vigente entre progresistas y conservadores con fuertes raíces religiosas. La historia de Lalai y Jaz forma parte de ese debate.
Para el Estado esto no es una pequeñez, sino un engaño al sistema. Jazmín se hizo pasar por hombre aprovechando un error, según subraya la acusación del Registro Civil, dependencia del Tribunal Supremo de Elecciones. La víctima no es nadie en concreto, sino un concepto: “La familia costarricense”. El Código de Familia aún dice que está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo y ellas lo son.
“Es ridículo que nosotras formando una familia atentemos contra el concepto de familia. Es risible que nos acusen de algo así en siglo XXI. Es hasta difícil explicarlo. Por la jurisprudencia que hay ya, el caso debería sobreseerse, pero todo podría pasar. Estamos completamente tranquilas”, dice a EL PAÍS Flórez-Estrada mientras trabaja en su restaurante, identificado en la fachada con la bandera multicolor del orgullo LGTB.
El abogado Castillo insiste en que el caso debió haberse cerrado desde que la Corte Interamericana dictó su pronunciamiento en favor del matrimonio igualitario o al menos cuando la Sala Constitucional ordenó validarlo en Costa Rica. “Pero la Fiscalía insiste en acusarnos; no sé bien por qué, pero esto solo ha servido para que más personas nos apoyen”, contestó. Por eso esperan que este martes la audiencia preliminar sea más bien una nueva manifestación por el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, sin necesidad de errores registrales. cortesiamsn
