La Procuraduría General de la República cierra su gestión bajo la coordinación de la expresidenta Xiomara Castro, resaltando que hubo una reducción del 54% en pasivos por demandas internacionales contra el Estado de Honduras.
Comunicado completo:
La Procuraduría General de la República, al cierre de la Administración institucional 2022–2026, reafirma el compromiso con el que ha sido asumida, durante los últimos cuatro años, la defensa jurídica internacional de los intereses del Estado de Honduras y en aras de la rendición de cuentas y la transparencia al pueblo hondureño COMUNICA:
Lejos de evadir obligaciones, la PGR asumió una defensa firme, técnica y estratégicamente estructurada del Estado frente a 13 demandas arbitrales por montos equivalentes a US$ 11,741,600,000. Se mantuvieron canales de diálogo con los inversionistas demandantes para acercar posiciones en la medida de lo posible, pero sin dejar de impugnar aquellas reclamaciones que fuesen infundadas o improcedentes. Para ello, se conformaron equipos de trabajo especializados, se fortaleció la coordinación interinstitucional y se diseñaron estrategias de defensa sólidas.
Durante el actual periodo, la defensa coordinada por la PGR, junto con sus equipos nacionales e internacionales, ha generado resultados claramente satisfactorios: tres procedimientos ya han sido desistidos por los propios inversionistas; el pasivo contingente se ha reducido en un 54%, hasta situarse en US$ 8,361,200,000; y el Estado cuenta actualmente con estrategias de defensa consolidadas, orientadas a demostrar la falta de mérito de las demás demandas que continúan en trámite.
Entre los avances alcanzados, destaca el rápido desistimiento logrado de demandas y pretensiones por completo infundadas. Este fue el caso, por ejemplo, del procedimiento de arbitraje ARB/23/42 iniciado por Palmerola International Airport S.A. de C.V. La demandante optó por retirar su reclamación como consecuencia de los argumentos presentados por la República de Honduras. El tribunal arbitral condenó a la demandante a restituir al Estado un total de US$ 443,265.42 en concepto de costas del procedimiento, las cuales se encuentran en su etapa de ejecución.
De manera similar, en el procedimiento de arbitraje ARB/23/2 iniciado por Honduras Próspera Inc. y un grupo de compañías relacionadas, la República de Honduras comenzó enfrentando una de las reclamaciones más elevadas en la historia del derecho internacional, por montos que superaban los US$ 10,700,000,000. A la fecha, y sin perjuicio de tratarse de un procedimiento aún en trámite, la sólida defensa del Estado hondureño ha resultado en la reducción por las demandantes del 85% de su reclamo, y se está a la espera de obtener el rechazo total de la demanda.
También fue posible obtener desistimientos totales por medio de acercamientos estratégicos en aquellos casos en que esta vía resultó ser la más eficiente para la resolución del conflicto. En el sector energético, dichos acercamientos condujeron al desistimiento de los procedimientos de arbitraje ARB/23/12 y ARB/23/13, iniciados por Scatec ASA, por una parte, y por Norfund y KLP Norfund Investments AS, por otra. Estas actuaciones evitaron contingencias por más de US$ 400,000,000, preservando recursos públicos del pueblo hondureño.
Las afirmaciones que sugieren que la postura del Estado frente a los foros arbitrales pone en riesgo la deuda pública omiten los avances sustanciales logrados en la defensa jurídica de la República de Honduras y en la protección de las finanzas nacionales. La gestión 2022–2026 ha demostrado que es posible fomentar la inversión responsable y al mismo tiempo oponerse a abusos y litigios especulativos que pretendan lucrar a costa del patrimonio público.
Finalmente, en relación con las declaraciones relativas a las motivaciones que habrían guiado la salida de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es necesario puntualizar que la revisión de tratados y mecanismos de arbitraje no constituye un rechazo a la inversión extranjera, sino la búsqueda de reglas más equilibradas, en las que los derechos del Estado no se vean atropellados y tengan el mismo peso que los intereses privados.
La rigurosidad con la que la Procuraduría General de la República ha desempeñado su labor permite que la nueva administración institucional reciba una cartera de casos ordenada, con estrategias de defensa definidas y equipos de asesoría externa de primerísima línea en pleno funcionamiento; con la expectativa de que, una vez concluidos los procedimientos en curso, los pasivos contingentes sean definitivamente eliminados.
Tegucigalpa, MDC, 2 de febrero de 2026
