Los firmantes acudieron a una reunión que se desarrolló en la Curia Arzobispal donde, además de Petro, estuvieron los presidentes del Senado, Efraín Cepeda; de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca; de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro.
También estuvieron el procurador general, Gregorio Eljach; el contralor general, Carlos Rodríguez; la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el registrador nacional (autoridad electoral), Hernán Penagos, entre otros.
«Llamamos a mantener viva la esperanza en nuestro país e invitamos a que este tipo de encuentros se repliquen en los espacios donde sea necesario», señala el compromiso firmado hoy.
En la reunión, según Eljach, se concluyó que «esta no es una actividad única; hay que continuar promoviendo el encuentro de los colombianos, incluyendo el empresariado, la propia Iglesia Católica y las demás congregaciones religiosas, el sector privado en general y el sector público para que todos estemos juntos reflexionando y buscando el entendimiento y la concordia entre todos».
Por el episcopado firmaron el compromiso el cardenal primado de Colombia, Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, y monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Conferencia Episcopal.
El encuentro fue convocado ante la conmoción que ha causado en el país el atentado del 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial del partido uribista Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
La Fundación Santa Fe, donde permanece internado el político, informó que el estado de salud del senador empeoró y es «extremadamente crítico» por un edema cerebral, tras la segunda cirugía a la que fue sometido hoy.
«Elevamos una oración por la vida de Miguel Uribe Turbay y por quienes en todos los rincones de nuestros territorios sufren hoy a causa de la violencia. Acompañamos a sus familias en este momento de dolor», añade el documento publicado por la Conferencia Episcopal.
La cita de hoy se dio además en un momento de crispación política por el decreto de Petro que convocó para el 7 de agosto una consulta popular sobre su reforma laboral, ya rechazada por el Senado, pese a que son numerosas las voces que advierten que esa iniciativa es inconstitucional.
