Un torbellino político y judicial sacude al recién posesionado Gobierno de Perú. Hace menos de dos semanas el presidente Pedro Castillo completó los nombramientos de su equipo de ministros y las autoridades ya abrieron una investigación por lavado de dinero contra algunos miembros de su círculo político.
La Fiscalía peruana incluyó en una pesquisa vinculada al caso conocido como ‘Los Dinámicos del Centro’ al primer ministro, Guido Bellido, al fundador del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, y al hermano de este último y vocero del movimiento político, Waldemar Cerrón; así como al propio partido como persona jurídica.
La indagación contra los funcionarios se centra en la presunta financiación irregular de Perú Libre a través de cobros irregulares realizados por funcionarios del Gobierno regional del céntrico departamento de Junín, donde nació el hoy movimiento oficialista. Otras 14 personas fueron vinculadas en este caso.
Según una resolución de 50 páginas emitida por el fiscal del caso, Richard Rojas, se habría formado una red criminal al interior del partido político dedicada a dos grandes objetivos.
El primero, invertir dinero “indebidamente” a las distintas campañas políticas de la bancada de izquierda y el segundo, financiar los pagos y servicios judiciales relacionados con los procedimientos en los que estaría involucrado Vladimir Cerrón. Entre ellos, la indemnización de una condena por corrupción que tiene vigente y que le impidió ser candidato presidencial de su partido.
De acuerdo con la hipótesis del fiscal, el dinero inyectado al movimiento habría provenido de “ganancias ilícitas” relacionadas con casos de corrupción. Los fondos habrían entrado al mercado económico con una “apariencia de legalidad” a través del partido.
Todo se desprende del caso ‘Los Dinámicos del Centro’, cuya investigación comenzó en 2019. La organización habría funcionado al interior de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, dedicada a obtener fondos irregulares a través del tráfico de licencias de conducción, aun cuando los postulantes no cumplieran los requisitos.
El grupo también habría estado integrado por miembros de Perú Libre que habrían decidido sobre la contratación de personal del gobierno regional para cobrarles cupos y así financiar sus actividades proselitistas.
Si bien, inicialmente, el caso se había limitado contra funcionarios y personas relacionadas con la Administración de Junín, la presunta inyección de ese dinero a la campaña electoral de Perú Libre extendió las pesquisas.
Rojas decidió ampliar por 16 meses las indagaciones. Además, el fiscal superior nacional del sistema anticorrupción, Omar Tello, dispuso que la investigación sea trasladada a Lima, a cargo de la fiscal Vanessa Díaz.
El pasado junio, cuando Castillo estaba próximo a posicionarse en el cargo, rechazó haber recibido financiamiento por parte de terceros para su campaña política y dijo estar dispuesto a ser investigado. Tomado France 24
