En el día nacional el periodista de Venezuela, son muchos los profesionales que no festejan. Resisten, en especial los comunicadores de ciudades en donde el ejercicio es difícil y riesgoso. En una nación sumida en una irresoluta crisis política, social y económica, el trabajo en medios independientes es bastante cuesta arriba.
Datos de dirigentes gremiales y de organizaciones no gubernamentales señalan que en la Venezuela de 2019 la recesión ha afectado el funcionamiento en medios impresos, radiales y audiovisuales. Fallas en servicios públicos básicos como Internet, la luz y la transportación agudizan la situación.
Y no es solo un tema de una infraestructura o de entorno económico. Es un asunto político el que más hace mella en el ejercicio del periodismo en esta nación caribeña.
Un gobierno sensible a la crítica como el de Nicolás Maduro, que considera enemigos a los medios independientes o a los periodistas críticos, imposibilita que los venezolanos estén medianamente informados de lo que pasa en el país.
En lo que va de 2019, los casos más emblemáticos de atentados contra la libertad de expresión lo constituyen el cierre de la emisora caraqueña Radio Caracas Radio, con 89 años de trabajo ininterrumpido, y la expulsión de Venezuela del periodista mexicoamericano Jorge Ramos por órdenes de Maduro.
Medios digitales independientes como AlNavío.com, EfectoCocuyo.com y El Pitazo.net han sido bloqueados en fechas recientes. Forman parte de la lista de sitios web incómodos para el régimen bolivariano. Esta es la misma restricción impuesta a Infobae en 2015.
La organización no gubernamental Espacio Público -EP- hace constantes trabajos de campo, en donde se documentan los atentados a la libertad de expresión.
La más reciente investigación de este grupo señala que entre enero y abril de 2019 “se registraron 252 casos (en donde se involucren acciones contra medios de comunicación) que se traducen en 522 violaciones contra la libertad de expresión. Esto representa un incremento del 193% respecto a los casos, y de 314% en relación a las violaciones registradas en el mismo periodo de 2018, el segundo periodo con mayor cantidad de casos documentados desde 2002″.
Para EP, la duplicación de los casos responde a un año marcado por la agudización del conflicto político, la crisis social y la depresión económica en Venezuela.
“Las principales víctimas registradas son periodistas y medios de comunicación; y los victimarios instituciones del Estado, cuerpos de seguridad, funcionarios y grupos de civiles violentos”, dice el informe.
“La simulación del evento electoral del 20 de mayo de 2018 (en donde Maduro se adjudicó la reelección en la presidencia de Venezuela), cuestionado por la comunidad internacional por no cumplir con las condiciones mínimas de un proceso electoral democrático, y la consecuente toma del poder por la vía de los hechos el 5 de enero de 2019, marcaron una nueva etapa de conflictividad“, explica la ONG.
