La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, lanzó fuertes cuestionamientos ante la crisis de sequía que golpea a decenas de municipios de Honduras, señalando “negligencia política” y advirtiendo que las respuestas del Estado siguen siendo insuficientes frente a una problemática que, según sostiene, es estructural.
EL MENSAJE EN SU CUENTA DE X:
Un país sediento de soluciones
Gabriela Castellanos
Abogada
La tierra en Honduras vuelve a abrir sus grietas por la negligencia política. Mientras la temperatura calcina los campos en más de 70 municipios del Corredor Seco, la crisis afecta la disponibilidad de agua para consumo humano y animal. La respuesta oficial sigue siendo un abismo de promesas incumplidas y medidas paliativas que apenas arañan la superficie de una crisis estructural y sistémica. Las declaratorias de emergencia y las alertas por sequía corren el riesgo de convertirse en un ritual burocrático: una formalidad que enmascara la falta de voluntad política para abordar las raíces profundas de un desastre anunciado.
¿Cuántas alertas rojas más deben encenderse antes de que el Estado asuma su responsabilidad histórica? La sequía en Honduras no puede explicarse únicamente por la falta de lluvias o el cambio climático. También debe mirarse a décadas de políticas extractivas, deforestación y un modelo de desarrollo que ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades campesinas e indígenas, relegándolas a un ciclo perpetuo de precariedad y dependencia.
La retórica oficial, cargada de preocupación y solidaridad, acompañada de protocolos de monitoreo y evaluación, se desvanece ante la cruda realidad de familias que ven cómo sus cultivos de maíz y frijol, su principal fuente de sustento, se convierten en polvo. El agua, reconocida como un derecho humano fundamental, se vuelve un bien cada vez más escaso; en parte, por monocultivos y proyectos extractivos que cuentan con la venia y la protección del Estado.
Año tras año, las mismas regiones sufren los embates de la falta de lluvias, exacerbada por el cambio climático. Sin embargo, la respuesta estatal continúa concentrándose en la gestión de la emergencia a corto plazo, con entrega de bolsas de comida que pueden aliviar el hambre durante unos días, pero que no necesariamente representan una solución sostenible. Es apagar fuegos sin sofocar el incendio estructural que devora al país.
Desde hace décadas, el poder político en Honduras, casi siempre cómplice de las élites económicas y de corporaciones transnacionales, ha demostrado una capacidad insuficiente —o falta de interés— para implementar políticas públicas que enfrenten de manera integral la vulnerabilidad climática y sus efectos sociales. Se sigue apostando por un modelo que reproduce desigualdad, sacrifica la seguridad alimentaria y dificulta el acceso al agua en nombre del “progreso” y la “competitividad”.
Es hora de plantarle cara a quienes administran el poder y parecen ignorar el sufrimiento de su propia gente. No podemos seguir aceptando la sequía como una fatalidad inevitable. Debemos cuestionar por qué los recursos destinados a infraestructura, prevención y mitigación no se traducen en soluciones para las comunidades más necesitadas. Debemos exigir transparencia en la gestión de esos recursos y responsabilidades frente a quienes destruyen el medio ambiente y comprometen el futuro de las próximas generaciones.
La lucha contra la sequía en estes país es, fundamentalmente, una lucha política. El grito de la tierra árida es también el grito de justicia de millones de hondureños y hondureñas que reclaman su derecho a vivir con dignidad en su propia tierra. No podemos permitir que ese grito siga siendo silenciado por la indiferencia, los negocios del poder y una sequía insaciable de más poder.
