Un “mini shock fiscal ” para contener la crisis. Así entienden los economistas los anuncios del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne . Para recuperar el equilibrio en las cuentas públicas en 2019, el Gobierno fijó ahorros que se trasladarán a una menor inversión en obra pública, recurrió al traspaso de los subsidios en tarifa social eléctrica y transporte a las provincias y a los derechos de exportación, entre otras medidas.
Ante la incertidumbre sobre qué sucederá con el adelanto de desembolsos del Fondo Monetario Internacional -que la semana pasada parecía un asunto cerrado y que negociará Dujovne en Washington- y sobre la posibilidad de que el organismo multilateral le dé al Banco Central mayor libertad para poder contener la corrida cambiaria, el Gobierno apuntó a tener “menos necesidades financieras”, apunta Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.
Para reducir sus necesidades financieras, “fue a lo más fácil y cómodo”, dice el economista: a las retenciones, en este caso de $4 por dólar para exportaciones primarias y de $3 para el resto. “Todavía no vemos la letra chica de este impuesto y eso puede llevar a errores de interpretación, pero pareciera que es un impuesto que se podría licuar [en caso de que haya una mayor devaluación] porque está expresado en pesos y no en porcentajes”, añade.
Aclara que, seguramente, fue una decisión consciente del Gobierno para asegurarse de que el gravamen será transitorio ya que, según lo que explicó Dujovne, se extenderá hasta diciembre de 2020.
En cuanto al pasaje de los subsidios de la tarifa social eléctrica y del transporte automotor a las respectivas jurisdicciones, el jefe de EPyCA Consultores, Martín Kalos, sostiene que podría perjudicar a los municipios y provincias que tienen déficit, problemas de pago de sueldo y a proveedores.
Agrega: “Como buena medida de crisis, los anuncios están concentrados en el corto plazo y apuntan a solucionar el problema urgente del sector público, pero mantienen la situación crítica de las empresas que hoy aguantan la recesión, la falta de demanda y los costos altísimos de financiamiento. El mayor riesgo a corto plazo es que haya cortes en la cadena de pagos que generen quiebras y se profundice la crisis, y para eso todavía no hay respuesta”.
Contener la corrida
Para Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, el riesgo del frente cambiario aún no está controlado. “El Gobierno cree que todo pasa por el déficit primario y piensa que [el tipo de cambio] no es tan importante, pero en realidad es clave lograr que el FMI le permita al Banco Central mayor poder de intervención, porque el dólar hoy ya está muy competitivo”, apunta.
El economista sostiene que el Gobierno cree que hay una “conexión directa” entre el déficit primario y las fluctuaciones en el tipo de cambio, pero que en realidad la relación no es tan estrecha. “Con respecto a la meta de déficit cero en 2019, si vamos a seguir poniendo impuestos y con el shock fiscal, veo con preocupación el nivel de actividad, que ya iba a estar comprometido el año que viene”, resalta, y añade: “Todo este esfuerzo de ajuste fiscal tiene que estar complementado con la otra pata: estabilizar el mercado cambiario”.
Por el pase de la devaluación a precios, Sigaut Gravina estima que la inflación de septiembre será la más alta del año y que se ubicará entre un 6% y un 7% -muy por encima del récord de este año, 3,7% en junio- y que a fin de año ya habrá superado el 40%.
Kalos prefiere decir que septiembre superará el 4% -un porcentaje que “antes era el techo y ahora es el piso”, admite- y que el año alcanzará el 40%.
