El presidente del país centroamericano amenaza con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.
Manifestarse en Nicaragua ya es un delito. El Gobierno que dirige, con mano dura, el sandinista Daniel Ortega ha informado este viernes a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional de la prohibición de las protestas que exigen el fin del régimen. Y amenaza, también, con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.
Para las autoridades del país centroamericano, inmerso en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales” y una amenaza a la paz y la seguridad. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado.
“La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, se lee en la nota emitida por la Policía y enviada a los corresponsales extranjeros por la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Este último movimiento es un intento desesperado del régimen por frenar el movimiento social que desde abril exige el punto final a 11 años de gobierno autoritario, en los que Ortega se ha hecho con el control de los poderes e instituciones del Estado y ha instaurado un régimen familiar con el objetivo de conformar una nueva dinastía en Nicaragua. Hay un precedente: el somocismo, que gobernó el país latinoamericano durante más de 40 años y que cayó con la revolución sandinista de la que Ortega formó parte. El régimen de Ortega parece seguir los pasos de aquella dictadura, que en 1979 ilegalizó las manifestaciones en un país en plena efervescencia. Aquel año, Somoza también declaró ilegales los paros y las huelgas.
El pasado sábado Ortega alertó a los empresarios de que enviaría a la policía para mantener abiertos a las fuerzas los negocios que decidan sumarse a un nuevo paro nacional. El mandatario acusa a la iniciativa privada de imponer un “terrorismo económico” en este país.
La advertencia de la Policía se da un día después de que se anunciaran nuevas manifestaciones para el fin de semana en Nicaragua, entre ellas una protesta denominada “Nicaragua en Rebeldía”. El Gobierno ha ordenado a sus simpatizantes y a los trabajadores del Estado mantener una movilización permanente como forma de intimidación a los opositores que desde abril protestan en Managua y en varias ciudades del interior del país. Una de las últimas manifestaciones opositoras fue violentamente reprimida el pasado sábado. En el ataque de grupos armados leales al Gobierno murió un adolescente de 16 años y otras seis personas resultaron heridas, entre ellas el periodista Winston Potosme, que recibió un disparo en el brazo derecho. Está por ver si el anuncio de la Policía de este viernes logrará desmovilizar las próximas protestas.
El viernes por la tarde, la Policía también allanó las oficinas del Instituto Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento enfocado en temas de seguridad y transparencia pública. El Ejecutivo de Ortega ha señalado al IEEPP y a su director, Félix Maradiaga, de financiar actos de “terrorismo” para desestabilizar al Ejecutivo sandinista. La Policía decomisó documentos y ordenadores de las oficinas del IEEPP, localizadas en el céntrico Reparto San Juan de Managua.
Las autoridades ya habían girado una orden de captura contra Maradiaga, exiliado en Estados Unidos. “El de la Policía es un comunicado inconstitucional, en directo atropello a las normas más básicas del Estado de derecho. Es una posición torpe del régimen, que quiso mantener cierta normalidad, pero que con este comunicado lo que hace es oficializar un modelo dictatorial”, dijo Maradiaga a EL PAÍS, en conversación telefónica desde el país norteamericano. El experto calificó, además, el allanamiento de las oficinas del IEEPP de “un atropello más a la sociedad civil” nicaragüense.
Maradiaga participó a primeros de septiembre en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que, por solicitud de Estados Unidos, se discutió por primera vez la crisis nicaragüense. En ese foro, el ex secretario del Ministerio de Defensa, bajo la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007), denunció en esa ocasión las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las protestas por parte de Ortega.
A mediados de julio, el Parlamento nicaragüense –controlado por Ortega– aprobó una controvertida ley contra el lavado de activos, la financiación al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva” que fue calificada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento del régimen para criminalizar a sus críticos. La ONU advirtió en esa ocasión que “el texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera como terroristas a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”.
Desde entonces han sido detenidas –según cifras oficiales– más de 200 personas acusadas de “terrorismo”. Las organizaciones de derechos humanos creen que la cifra de detenidos en las cárceles del país podría superar los 300, la mayoría por protestar contra el régimen. El miércoles, la CIDH recomendó al Gobierno “suprimir” las detenciones ilegales y “reconsiderar” las acusaciones por terrorismo contra los ciudadanos que protestan contra el régimen. FUENTE : https://elpais.com
