Al expresidente Donald Trump se le restringirán el acceso a información clasificada y la posibilidad de hablar de ella, según determinó una jueza luego de una audiencia a puertas cerradas celebrada el día anterior.
La decisión parece seguir, en gran medida, las restricciones que el fiscal especial Jack Smith solicitó para proteger información clasificada, la cual podría ser evidencia en el caso que el exmandatario enfrenta por el supuesto mal manejo de documentos sensibles de seguridad nacional en Mar-a-Lago, su club y residencia de Florida, después de que dejara la Casa Blanca.
Esta es una de las primeras ocasiones en las que la corte establece límites sobre la información clasificada, justamente dentro de un caso en el que el equipo de Trump ha intentado restarle importancia a cómo se manejaron los documentos. El equipo de defensores de Trump buscaba más libertad de acción en los lugares donde pudieran discutir registros clasificados con él, incluido Mar-a-Lago y su residencia en Bedminster, Nueva Jersey.
En su orden, la jueza Aileen Cannon advirtió sobre las consecuencias de que cualquier información clasificada o sensible se revele indebidamente al público, al señalar que dicha divulgación puede infringir la ley.
También aclaró que incluso si la información clasificada “llega al dominio público”, tanto Trump como su equipo tendrían “prohibido hacer declaraciones públicas o privadas” sobre el estado clasificado de la información o sugerir que su propio acceso a la información confirma o contradice lo que está en el dominio público.
Trump ya enfrenta varias restricciones sobre cómo puede conocer y no difundir las pruebas que le entreguen los fiscales en los diversos procesos penales en su contra, mientras él y sus abogados se preparan para el juicio y reciben grandes cantidades de información recopilada por los fiscales.
Cannon celebró una audiencia a puertas cerradas sobre el manejo de información clasificada en el caso el martes en el sur de Florida, según múltiples fuentes familiarizadas con el procedimiento.
Aunque el equipo de Trump y los fiscales del Departamento de Justicia argumentaron públicamente en documentos judiciales lo que buscaban de cara al tema del manejo de evidencia clasificada, Cannon decidió que no anunciaría públicamente la audiencia ni su ubicación, y no permitiría que el público observara el procedimiento.
La orden de Cannon no detalla si una de las áreas donde Trump puede acceder a los registros clasificados ––denominada “instalación de información sensible compartimentada” (SCIF, por sus siglas en inglés)–– se instalará en las propiedades de Trump, como ocurrió durante su presidencia.
Pero la jueza dijo que las áreas del SCIF serían supervisadas por un funcionario externo del gobierno federal, designado para guiar el manejo de la información clasificada en el caso federal.
La orden de Cannon de este miércoles también establece que la información aparentemente clasificada en el caso, que no ha sido identificada claramente como desclasificada, es sensible y debe tratarse con precaución. Sin embargo, su orden también permitió a Trump impugnar ante los tribunales “el supuesto estado de clasificación de ciertos documentos”. Cualquier impugnación estaría sujeta a procedimientos judiciales adicionales.
En ocasiones, Trump y su equipo han intentado decir que el expresidente desclasificó gran parte de la información de seguridad nacional que conservaba al final de su presidencia. Pero en una grabación de audio revelada por primera vez por CNN, y que se ha convertido en parte del caso; se escucha a Trump reconociendo que tenía registros clasificados que no podía compartir ampliamente después de que terminó su presidencia.
Los otros acusados necesitarán permiso judicial adicional para acceder a información clasificada
Los otros acusados en el caso, Walt Nauta y Carlos De Oliveira, enfrentarán reglas más estrictas que el propio expresidente. Los abogados de Nauta y Oliveira podrán observar la información clasificada en un SCIF siguiendo ciertos protocolos.
Sin embargo, los propios acusados ––a diferencia de Trump–– no podrán ver los materiales en el SCIF sin obtener una orden judicial específica que les permita hacerlo, dijo Cannon.
La jueza hizo una excepción en su pedido para Nauta. Dijo que el gobierno había acordado revelarle una versión sin editar de una fotografía particular incluida en la acusación. De lo contrario, “cualquier divulgación clasificada futura” a Nauta o De Oliveira “se regirá por orden posterior”, estableció Cannon en sus órdenes para cada uno de los acusados.
El abogado de Nauta había argumentado que su cliente debería poder ver la evidencia clasificada por sí mismo y no debería necesitar un permiso especial del tribunal o del gobierno para cada pieza de evidencia clasificada a la que quiera acceder. El fiscal especial se opuso a esa solicitud, incluso cuando los fiscales no se opusieron a permitir que Trump accediera a los materiales clasificados. Los fiscales citaron la condición de expresidente de Trump y el acceso que tuvo a información clasificada cuando estaba en la Casa Blanca, como una razón por la que su situación era distinta a la de Nauta. También señalaron que, a diferencia de Trump, Nauta no ha sido acusado de retención ilegal de documentos. De hecho, Nauta y De Oliveira enfrentan cargos derivados de presuntos esfuerzos por obstruir la investigación de los registros gubernamentales.
