La iniciativa presentada en el Congreso Nacional por la diputada Saraí Espinal para reducir la edad punible de 18 a 16 años ha dividido posturas.
Mientras quienes la apoyan sostienen que adolescentes de 16 y 17 años estarían participando en delitos de alto impacto y que permitir su juzgamiento como adultos en casos graves cerraría espacios que, según argumentan, son aprovechados por estructuras criminales.
En contraste, defensores de derechos humanos advierten que la medida podría contradecir estándares internacionales asumidos por el Estado hondureño, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, señalan que el sistema actual ya contempla responsabilidad penal juvenil con medidas socioeducativas y que trasladar a menores al régimen de adultos podría vulnerar el principio de protección especial.
Especialistas también apuntan que el debate no debe centrarse únicamente en el castigo, sino en prevención, educación y reinserción.
Algunos plantean que muchos adolescentes involucrados en delitos provienen de contextos de exclusión y reclutamiento forzado por maras o pandillas, por lo que endurecer penas sin políticas integrales podría tener un impacto limitado en la reducción de la violencia.
