La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó hoy su alarma por el “creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos” por parte de los gobiernos de Latinoamérica.
Esos incidentes incluyen amenazas y acoso contra este tipo de instituciones o su personal en Bolivia, Haití, Chile y El Salvador, o intentos de destitución de sus máximos responsables en Guatemala o en México, destacó un comunicado de la oficina dirigida por Bachelet.
Además, preocupan las declaraciones públicas que desacreditan la labor de estas instituciones en Ecuador y Uruguay, así como el levantamiento de la inmunidad de su personal y los recortes presupuestarios en Perú, o que no se haya nombrado en la última década un defensor del pueblo en Argentina, añade la nota oficial.
La oficina subraya que las denuncias de ataques en América Latina a instituciones tales como defensorías del pueblo o procuradurías para la defensa de los derechos humanos han aumentado considerablemente en los últimos dos años.
“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, declaró Bachelet.
Los ataques incluyen acoso y amenazas por parte de gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros actores contra las instituciones de derechos humanos, “simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato”, subraya el comunicado.
Bachelet afirmó que la crucial labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes sólo puede ejercerse “si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y son capaces de mantener su independencia”.
“De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.
La expresidenta chilena insistió en que esas instituciones, que trabajan estrechamente con la Oficina de la ONU que ella dirige, “no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia.
“Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos”, concluyó.
