Honduras enfrenta un escenario alarmante de desprotección infantil, con 66,8 % de menores en condiciones de pobreza, 499 asesinatos de niños y adolescentes desde 2022 y más de un millón fuera del sistema educativo, a lo que se suma el abuso sexual infantil con un caso cada cuatro horas.
Así lo denunció este martes en un comunicado la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), que señaló que pese a los compromisos estatales en derechos humanos, persisten profundas brechas entre la normativa y la realidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes, marcada por violencia, exclusión, trabajo infantil y debilidad institucional.
«La situación actual refleja un escenario alarmante que exige atención urgente y acciones concretas por parte del Estado y la sociedad en su conjunto», enfatizó Coiproden, que hizo un llamado firme a las autoridades para priorizar la protección integral de la niñez.
De acuerdo con Coiproden, una coalición de 30 organizaciones de la sociedad civil, más de un millón de menores de entre 3 y 17 años están fuera de las aulas, mientras que otro millón se ve obligado a trabajar, de los cuales al menos 549.000 lo hacen en condiciones peligrosas.
Las cifras de la organización detallan que el 66,8 % de la niñez vive en pobreza, mientras que ocho de cada diez menores enfrentan carencias multidimensionales.
En materia de seguridad, la Red enfatizó que desde 2022 unas 2.600 personas han muerto en contextos de violencia, entre ellas 499 menores de 18 años y 2.058 jóvenes de entre 19 y 30 años, además de 729 personas reportadas como desaparecidas.
La organización alertó además que un menor sufre abuso sexual cada cuatro horas con 52 minutos en Honduras, donde el 90 % de estos casos permanece en la impunidad, lo que evidencia «profundas debilidades» en el acceso a la justicia.
En el ámbito migratorio, Coiproden indicó que casi 129.000 niños y adolescentes han sido retornados al país desde 2014, muchos de ellos en condiciones de «alta vulnerabilidad».
Destacó además que Honduras mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente de América Latina, con 97 nacimientos por cada 1.000 adolescentes.
Para la red, esta situación refleja condiciones estructurales que vulneran derechos fundamentales y criticó la limitada voluntad política para aplicar las recomendaciones internacionales orientadas a fortalecer el sistema de protección, garantizar el acceso a la justicia, reducir la pobreza y prevenir la violencia.
