La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoce a la Ley de Justicia Tributaria como una herramienta clave para un sistema tributario más progresivo que garantice a la población acceso a sus derechos. El Consejo de Derechos Humanos está celebrando su 55 º periodo de sesiones del 26 de febrero al 5 de abril de 2024 en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
El 1 de marzo de 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, actualizó al Consejo de Derechos Humanos sobre el trabajo de su oficina en Honduras (Enlace de la cuenta de la Oficina del Alto Comisionado en red social X: Enlace ). En esta presentación se destacó el continuo compromiso de la Oficina del Alto Comisionado con la observación in situ y la provisión de asistencia técnica para la promoción y protección de los derechos fundamentales.
El informe resaltó la continuidad en las prioridades temáticas, enfocadas en fortalecer el estado de derecho, facilitar el acceso a la justicia, promover la participación ciudadana, garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, así como la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. En el reporte fueron destacados “los avances realizados por el Estado para elaborar y ejecutar políticas públicas que promueven el desarrollo equitativo y sostenible, en las que los derechos humanos y la protección del medioambiente tienen un rol central, así como esfuerzos por proponer modificaciones al marco legal con la finalidad de establecer un sistema tributario progresivo y que promueva una distribución más justa de los recursos”.
En cuanto a la reducción de las brechas sociales, el informe señaló una reducción significativa en los índices de pobreza y desigualdad, porque los niveles de pobreza se redujeron de 73.6 % en 2021 a 64.1 % en 2023, mientras que el coeficiente de Gini pasó de 0,61 % en 2021 a 0,51 en 2023. En materia económica, a pesar de los desafíos, la economía hondureña exhibió resiliencia, registrando un crecimiento del 3.4% en el PIB durante 2023. No obstante, se reconoce que la deuda en Honduras es un desafío para las finanzas públicas, representando aproximadamente el 47.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023. En estos dos años de gobierno de la Presidenta Castro el adecuado manejo de la deuda logró reducirla en más de 5 puntos porcentuales a pesar de la pesada herencia, ya que en 2022 ésta representaba un 53% del PIB. El informe subrayó que “la deuda externa es uno de los factores que impide al Estado disponer de un porcentaje más alto del presupuesto destinado a políticas para disminuir la desigualdad, así como para lograr la plena efectividad y disfrute de los derechos humanos”.
Los resultados del reporte exponen el compromiso del Gobierno de la Presidenta Castro, durante sus primeros dos años, por impulsar una agenda económica y fiscal proactiva dirigida a revertir los efectos de los últimos 12 años en la administración pública. En primer lugar, con respecto a las finanzas públicas se han implementado los pasos necesarios para lograr un manejo adecuado de la deuda pública heredada como resultado de la narcodictadura, cumpliendo con los pagos del servicio de deuda en tiempo y forma. En segundo lugar, el gobierno ha impulsado un amplio rango de políticas para reactivar la inversión pública en materia productiva y social. De esta manera, se ha invertido en pavimentación de carreteras y caminos municipales, reparación de escuelas, matrícula gratis, Bono Tecnológico Productivo (BTP) así como agua y saneamiento.
En tercer lugar, el gobierno de Honduras ha impulsado una reforma en materia tributaria con el fin de obtener los recursos necesarios para impulsar sus iniciativas de inversión productiva y gasto social. Dentro de este marco económico, la Ley de Justicia Tributaria (LJT) contempla medidas orientadas al control de los regímenes fiscales abusivos y abordar la evasión y elusión fiscal. En efecto, el sistema tributario hondureño es profundamente desigual y regresivo, siendo su principal resultado que, para el 2022, se estimó un Gasto Tributario de L 51,500.70 millones, el cual representó un 6.6% con respecto al PIB, una de las cifras más altas de la región latinoamericana. Dicha Ley se ha socializado en más de 100 eventos públicos con actores asociados a sectores como: estudiantes, gremios profesionales, academia, Congreso Nacional, Cámaras de Comercio, Organizaciones No Gubernamentales y población en general. Precisamente, la Ley de Justicia Tributaria busca revertir la tendencia regresiva del sistema fiscal hondureño, el cual castiga con más impuestos a la población más pobre y desfavorecida.
En conclusión, el informe sobre los derechos humanos elaborado por la Oficina del Alto Comisionado identifica algunos desafíos para el país; sin embargo, reconoce los esfuerzos económicos y fiscales realizados por el Gobierno de la Presidenta Castro.
